Arancha, una alumna del IES Ciudad de Jaén de Orcasitas de 16 años se quitó la vida el pasado 22 de mayo. La joven, que padecía una discapacidad motora y retraso madurativo, era víctima de acoso escolar, un hecho que sus padres denunciaron en comisaría y que pusieron, asimismo, en conocimiento del centro. El instituto activó el protocolo de intervención y su única orientadora comenzó a hacerse cargo del caso.
El centro, en el que cursan estudios 1.132 alumnos y que está reconocido como centro de especial dificultad, lleva meses denunciando graves carencias de medios humanos y materiales ante la Administración regional, local e, incluso, ante la Fiscalía de Menores.
En el instituto hay más de 60 alumnos con necesidades educativas especiales y solo cuenta con una orientadora, un profesor técnico de servicios a la comunidad, un profesor de pedagogía terapéutica a jornada completa y dos a media jornada. A estas carencias hay que añadir las dificultades derivadas de la inestabilidad de la plantilla, que varía cada año.
El equipo docente del centro informó del caso de acoso a inspección educativa y volvió a pedir refuerzos para enfrentarlo, pero inspección no consideró oportuno llevarse la documentación ni ofrecer más medios al instituto.
La luctuosa muerte de Arancha ha puesto de manifiesto el terrible alcance de la falta de medios humanos y materiales que la comunidad educativa del IES Ciudad de Jaén llevaba meses denunciando.
Pero no solo eso. El lunes 25 de mayo la Consejería de Educación sancionó al director del centro y lo apartó temporalmente de sus funciones alegando que no había avisado a inspección de la existencia de un caso de acoso, un extremo que la comunidad educativa rechaza pero que no puede demostrar toda vez que la comunicación fue meramente verbal por la negativa de inspección a recibir la documentación del caso.
La FRAVM y la Plataforma en Defensa por la Escuela Pública de Usera denuncian el irresponsable intento de la Consejería de Educación de utilizar al director del centro como chivo expiatorio, exigen a sus responsables que velen por el derecho al honor del equipo docente y directivo del IES y que preste toda la ayuda y apoyo a los familiares de la alumna fallecida y al conjunto de la comunidad educativa. “Pedimos –subraya la plataforma– que no se estigmatice a nuestro barrio, que ya de por sí sufre una situación de abandono y deterioro continuado debido al proceso de recortes en los servicios públicos”.
Reclaman, asimismo, la apertura de una investigación exhaustiva de todo lo acaecido antes, durante y después de la fatídica muerte y que se depuren debidamente las responsabilidades que se deriven en los órganos correspondientes de la Administración educativa de la Comunidad de Madrid.
Por último, insisten en que la Consejería de Educación dote al centro de los recursos necesarios para abordar de forma adecuada las necesidades del mismo, y que un plan de prevención de acoso escolar en todos los centros educativos.
