En un escrito registrado el 26 de junio por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la organización pide al Ayuntamiento de Madrid la inmediata apertura de una inspección a las obras del centro comercial Plaza Río 2, la suspensión de las mismas y la reconsideración de la actuación tomando en cuenta las demandas del vecindario.
Las obras del centro comercial que están construyendo en pleno corazón de Madrid Río, en la calle Antonio López, no cuentan con la preceptiva licencia de obras: los promotores se han limitado a presentar en las instancias municipales una declaración responsable, un procedimiento que, en principio, parece acorde con lo que establece la Ley 2/2012, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid.
El proyecto contempla la construcción de un centro comercial con 1.500 plazas de aparcamiento que, a juicio de la FRAVM y de las asociaciones vecinales del ámbito ocasionará graves perjuicios a los pequeños comercios de los distritos de Usera y de Arganzuela con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo; empeorará los ya perceptibles problemas de congestión y de movilidad; eliminará el suelo disponible para edificar equipamientos colectivos en un ámbito muy deficitario en materia de dotaciones y, por último, abrirá una brecha entre el barrio y el parque de Madrid Río.
El pasado mes de febrero, la FRAVM, las asociaciones vecinales de los distritos de Usera y de Arganzuela, numerosos técnicos y expertos, así como varios centenares de vecinos y vecinas, presentamos escritos de alegaciones al Plan Especial que no fueron contestadas.
El equipo de Botella continuó con el trámite en vísperas de las últimas elecciones municipales, privando así al nuevo equipo de Gobierno pronunciarse sobre el fondo del asunto. El solar llevaba años sin uso y a pocos meses de las elecciones a los promotores y a las autoridades municipales les entraron las prisas.
Así pues, reiterando las razones que en su día presentamos en nuestro escrito de alegaciones y señalando que el inicio de las obras, previo al trámite de contestación de las alegaciones, puede ser ilegal o al menos no conforme a la legislación vigente, pedimos la paralización de las obras y la reconsideración de la actuación tomando en cuenta las demandas del vecindario.
