La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid anunciaba, el pasado mes de octubre, la creación de un gran laboratorio de análisis bioquímico, microbiológico y hematológico en el hospital de Alcorcón que dará servicio a seis de los ocho hospitales que abrirán el próximo año en la región: Aranjuez, San Sebastián de los Reyes, Arganda, Coslada, Parla y Vallecas de manera que la gran mayoría de las pruebas de los nuevos hospitales se tendrán que realizar fuera de sus dependencias.

La comisión de Sanidad de la FRAVM desconoce los motivos por los que el Gobierno regional ha decidido que la realización de pruebas de alta complejidad y escaso volumen de peticiones no puede efectuarse en los laboratorios de los respectivos hospitales de cada área. Considera que los recursos disponibles en la red sanitaria pública son suficientes para atender la oferta y cree en la rentabilidad económica de cualquier laboratorio de análisis, siempre que estén dirigidos por profesionales cualificados, responsables y ejecutivos.

Los miembros de la comisión recuerdan que la importancia asistencial del laboratorio clínico no es inferior a la que tiene cualquier otra especialidad. Subrayan que ningún médico puede concebir la asistencia integral a los pacientes sin el apoyo personal y directo de facultativos especialistas del laboratorio. Su aportación no se limita a controlar y encauzar la oportunidad de las solicitudes y la idoneidad de las muestras, a supervisar la realización de las determinaciones y a validar e informar los datos suministrados por los sistemas analíticos, de cuya calidad y respuesta también son responsables. Esta aportación también se manifiesta a diario en interconsultas y recomendaciones a los clínicos y en diseñar y cumplir guías de práctica clínica consensuadas y basadas en evidencias científicas, orientadas a prestar la mejor asistencia a los pacientes.

Piden, por tanto, a la consejería de Sanidad, que reconsidere su decisión y que mantenga el servicio en el marco de la red sanitaria pública ya que cualquier intención de apartarlos de la actividad asistencial directa traería como consecuencia un deterioro en las prestaciones sanitarias ofrecidas a las ciudadanas y ciudadanos madrileños.