Desde el pasado 1 de enero, la ciudadanía madrileña debe abonar un euro por receta expedida en virtud de un decreto del Ejecutivo autonómico por el cual castiga a las vecinas y vecinos de Madrid con respecto a la población de otras comunidades autonómas. A juicio de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, (FRAVM), se trata de una tasa meramente recaudatoria que atenta contra la igualdad en el acceso a los medicamentos, un hecho sobre el cual ya ha alertado el Consejo de Estado, que recuerda que la fijación de los precios de los medicamentos es una competencia exclusiva del Estado que de ninguna manera pueden asumir las comunidades. 

La FRAVM, en línea con otras organizaciones como FACUA, CECU… y el Foro Social de Madrid, señala que el argumento con el cual el Ejecutivo autonómico pretende justificar la aplicación de la tasa, a saber, que se trata de una medida disuasoria para promover un consumo razonable de medicamentos, es falaz: el coste medio de las recetas en Madrid es de 10 euros, el segundo más bajo del Estado. Además, en 2012 el número de recetas expedidas (81.272.663) cayó un 11,21% con respecto a 2011 (105.986.192).

A juicio de la Federación, la sostenbilidad del sistema se debe garantizar con el establecimiento de una fiscalidad progresiva. Lejos de implementarla, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha optado por no aplicar el impuesto de patrimonio, que grava a rentas superiores a 700.000 eruos, privando a las arcas públicas de unos ingresos de alrededor de 1.000 millones de euros y por crear una tasa que castiga a las personas mayores, a los enfermos crónicos y a las familias con menos recursos.

Por eso, animamos a las vecinas y vecinos de Madrid a ejercer su legítimo derecho a ejercer la desobediencia civil reclamando el euro.