La FRAVM, que siempre ha sido crítica con las reformas de la legislación urbanística que se han acometido en los últimos años, tanto en el ámbito autonómico como en el nacional, y que ya manifestó, en su día, serias reservas y oposición a la vigente Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, denuncia el procedimiento seguido para la completa reforma de ésta cuando, en bastantes casos, aún no ha concluido el proceso de adaptación de los planeamientos municipales a la misma.
El Anteproyecto consagra, entre otras, la reclasificación, con carácter residual, del 17,5% del territorio regional –el equivalente a 140.500 hectáreas—, la desregulación y, con ella, la consiguiente confusión e inseguridad jurídica; la merma de las cesiones obligatorias para usos dotacionales; la prevalencia de los derechos de propietarios de suelo, promotores y empresarios urbanizadores sobre la potestad pública de planeamiento urbanístico; la supremacía de la libertad que se otorga a propietarios, promotores y empresarios frente a la potestad pública de ordenación del territorio y de planificación del desarrollo urbano.
