La FRAVM apoya la huelga de los trabajadores del hospital Severo Ochoa

Las trabajadoras y trabajadores del Severo Ochoa han iniciado una huelga para exigir al Gobierno regional que ponga fin al acoso y las represalias que, según la junta de personal, sufren por parte del consejero de Sanidad, Manuel Lamela.

La FRAVM apoya la huelga de los trabajadores del hospital Severo Ochoa
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Dando continuidad al apoyo prestado por el movimiento vecinal a los trabajadores del hospital Severo Ochoa y a los vecinos de Leganés movilizados en su defensa ante la pésima gestión, por parte del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, de las denuncias anónimas sobre la presunta sedación irregular a pacientes terminales, la FRAVM apoya ela huelga iniciada hoy por las trabajadoras y trabajadores del hospital.

La Federación denuncia que la actuación del consejero, dando crédito a las denuncias anónimas; negándose a aceptar una comisión investigadora consensuada con la Junta Técnico-Asistencial para analizar las historias bajo sospecha y la posterior judicialización del problema, socavando en todo momento la presunción de inocencia de los trabajadores, supone un grave atentado contra la imagen del centro hospitalario y de la sanidad pública en general. Considera, asimismo, que la secuencia de hechos que han seguido a la crisis sobre las sedaciones, entre las que destacan la destitución del jefe de la UVI; el despido de 5 médicos de la urgencia; la no sustitución de médicos de plantilla que se van del hospital; la elaboración de un proyecto estratégico encargado a una empresa externa desconocedora del mismo y las dificultades puestas al ejercicio del derecho de reunión de los profesionales no hacen sino poner más aún de manifiesto la nefasta gestión de la sanidad pública por parte de la Comunidad de Madrid que, en opinión de la FRAVM, responde a una calculada y paulatina privatización del servicio.

En este sentido, la Federación apoya la demanda de las trabajadoras y trabajadores de exigir la retirada de los expedientes abiertos por la denuncias anónimas y del informe de expertos de la Comunidad de Madrid, desacreditado tanto por los forenses como por sociedades científicas.

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