José Ricardo Martínez, secretario General de UGT Madrid, Javier López, secretario general de CCOO Madrid, Nacho Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y María Rodríguez, presidenta de CECU-Madrid presentaron esta mañana, en rueda de prensa, el Observatorio Social por la Dependencia en la Comunidad de Madrid, de la que estas organizaciones son fundadoras.

En su intervención, el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, acusó al Gobierno regional de ‘bloquear’ la aplicación de esta norma por la confrontación que mantiene con el Ejecutivo central, a lo que añadió la suma de ‘intereses partidistas’, la ausencia de recursos y la falta de participación de los ayuntamientos en el desarrollo de la norma, debilidades todas ellas que dificultan la aplicación de la ley no sólo en la Comunidad de Madrid, sino en el conjunto del Estado.

La situación, sin embargo, es especialmente grave en nuestra región, en la que pueden pasar de 18 a 24 meses desde que se reconoce el derecho a la atención a la dependencia de una persona hasta que ésta es atendida. O donde, según la secretaria de Política Social e Igualdad de CCOO de Madrid, Ana González, el 40% de las personas que tienen derecho a una prestación no la reciben después de tres años.

‘Madrid -reclamó el secretario general de CCOO-Madrid, Javier López- necesita un impulso muy fuerte’ de la mano de una serie de medidas que habría que adoptar de manera ‘inmediata’. Ente ellas, la elaboración de un plan de choque en inversiones para que se pueda atender a las personas dependientes, en cuya elaboración deberían participar el Gobierno regional, los ayuntamientos y los agentes sociales y la creación de un comité consultivo y de un organismo público que controle la aplicación de la Ley de Dependencia.

El secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, por su parte, criticó la ‘falta de sensibilidad’ del Ejecutivo madrileño y el ‘mercadeo’ que supone la concesión de cheques a los dependientes.

En su intervención, el presidente de la FRAVM, Nacho Murgui, confió en que el recién creado Observatorio sirva para corregir las ‘deficiencias graves’ detectadas en la aplicación de la Ley y para denunciar, cuando sea necesario, los incumplimientos detectados. Que llegue a ser, en definitiva, un instrumento para ‘aportar transparencia donde no la hay’.

Por último, la presidenta de CECU Madrid, María Rodríguez, hizo hincapié en que una ‘amplia mayoría’ de la ciudadanía madrileña no tiene la posibilidad de ejercer los derechos que le reconoce la Ley de Dependencia, una situación a cuya resolución aspiran a contribuir las organizaciones promotoras del Observatorio Social, que trasladará sus reivindicaciones y propuestas tanto al Gobierno regional como a los ayuntamientos y al resto del tejido asociativo, cuya participación aspiran a convocar.

Foto: CCOO-Madrid.