El Consejo Económico y Social se creó por la Ley 6/1991, de 4 de abril, como expresión de la voluntad de la Comunidad de Madrid de ‘facilitar la más plena participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social’. Desde entonces, este organismo funciona para “servir de cauce de participación y diálogo de los interlocutores sociales -empresarios, sindicatos, y expertos de reconocido prestigio- en el debate de los asuntos económicos y sociales, haciendo llegar al Gobierno regional las reflexiones y sugerencias de los mismos”.

En el caso de los decretos para implantar la Ley de Área de Área Única y la Libre Elección, sin embargo, “se ha entorpecido la participación de agentes sociales cuyas valoraciones son de máxima utilidad e interés para la ciudadanía y los profesionales, contradiciendo, con ello, una de las funciones básicas del CES, que es propiciar la participación de la sociedad en la formulación de sus informes, ante la gestión del gobierno regional”, denuncian UGT y CCOO .

Ambos sindicatos han querido conocer los análisis y opiniones de los decretos de desarrollo de la Ley de Libre Elección de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública Madrileña (ADSPM) y de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), por lo que ha invitado, “con la oposición y ausencia del resto de las partes representadas en el Consejo Económico y Social, CEIM y del grupo de expertos del CES” a un encuentro en el que las cuatro organizaciones han coincidido en rechazar la desaparición de las 11 Áreas de Salud y el desarrollo de la Libre Elección, en los términos planteados en estos decretos.

A juicio de las organizaciones, los decretos siguen profundizando en una reforma sanitaria que supone un grave deterioro del sistema sanitario público. “La libre elección de médico -han manifestado- no justifica, en ningún caso, la implantación del área única sanitaria”.

En segundo lugar, carecen de concreción sobre aspectos fundamentales para hacer efectiva la libre elección, como por ejemplo, los cupos máximos por médico o la ausencia de mecanismos de reclamación por parte de los ciudadanos, por lo que “en última instancia, la decisión sobre la elección estará en manos de la Consejería de Sanidad y de sus criterios políticos y clientelares”. Por todo ello, las organizaciones han puesto de manifiesto su preocupación “no sólo sobre el posible colapso que puede provocar el sistema de libre elección, en estas condiciones, sino además, por el riesgo de selección adversa de pacientes, rompiendo el principio de cohesión e introduciendo el desequilibrio y la desigualdad en nuestro sistema de salud”.

Tal como viene denunciando la FRAVM, las organizaciones insisten en que la implantación del Área Única romperá principios básicos del sistema sanitario regulados por la Ley General de Sanidad, como la prevención, la coordinación, la continuidad e integridad asistencial, poniendo en serio riesgo el futuro de la Atención Primaria. “La desaparición de las actuales áreas de salud – han advertido- va a dificultar la planificación de recursos y el establecimiento de planes de salud específicos y adaptados a las necesidades de cada zona”. Pero no sólo. “La propuesta ahonda aún más el caos sanitario y no resuelve la insuficiencia de recursos materiales y humanos, lo que realmente limita el ejercicio del derecho de libre elección a una mera propuesta por parte de los ciudadanos, sin garantía de satisfacción”.

Por todo ello y, dada “la actitud oscurantista del nuevo Consejero Fernández Lasquetty, cuya gestión, en esta primera fase de su nuevo mandato, está caracterizada por la ausencia de diálogo y por la falta de comunicación sobre su proyecto de gobierno de la Sanidad” piden que se establezca “un marco de diálogo social y político que anteponga la defensa del Sistema Sanitario Público Madrileño, sobre los intereses partidarios y clientelares, atendiendo las necesidades sanitarias reales de los ciudadanos madrileños que, en ningún caso se satisfacen con la desaparición las actuales 11 áreas de salud”.