A finales del año pasado se hicieron públicas las exigencias de la multinacional estadounidense Las Vegas Sands (LVS) para poner en marcha el complejo de juego Eurovegas en materia de legislación fiscal, laboral y social.

Casi un año después asistimos atónitos a lo que entonces parecía inadmisible: los gobiernos central, autonómico y local están cediendo una a una a todas estas exigencias con el objetivo de recibir Eurovegas con una alfombra roja. En este sentido, cabe recordar que la Ley de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012 aprobada el 4 de julio permitió que proyectos privados como Eurovegas pudieran ser considerados de interés regional, modificando la normativa sobre el suelo. El pasado 27 de septiembre, a la vez que se publicaban los Presupuestos Generales del Estado, se anunciaba en el Congreso la modificación de la Ley de Haciendas Locales que acepta las exenciones tributarias que pedía LVS: hasta un 95% de rebaja en impuestos como el IBI o el ICIO solo con que la administración local decida arbitrariamente que el proyecto sea de “interés general”.

Estamos presenciando un espectáculo intolerable: una multinacional dictando leyes básicas que afectan a la organización social de toda la población española. Tanto es así que, a principios de noviembre, un mes antes de las últimas modificaciones legislativas, el director general de LVS, Michael Leven, explicaba a los miembros del consejo que “nuestra operación en Madrid del Euro Vegas Strip continúa”, como continúa “la actividad en materia de ayudas e incentivos en los ámbitos de licitación, adquisición de terrenos y también en la financiación”. Leven señaló, asimismo, que las autoridades madrileñas esperan, de la empresa, un plan más detallado para principios de enero. Será entonces, concluyó, cuando la empresa estadounidense obtenga más información de las leyes que van a aprobar “a nuestro favor”.

En conclusión, el Gobierno regional, en obligada connivencia con el central y el local, está actuando como mero gestor de los intereses de esta transnacional promoviendo cambios legislativos que los ejecutivos de LVS conocen meses antes que la sociedad madrileña rebasando con ello nuestras previsiones más pesimistas. Según se desprende de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013, la tributación sobre el juego cae del 45% al 10%; se bonificará con el 9% las inversiones efectuadas para la compra de material e inversiones inmobiliarias que formen parte del activo no corriente; se podrá aplicar una bonificación anual de 9.000 euros anuales por cada nuevo trabajador, independientemente de que sea personal fijo o temporal; se aplicará una bonificación del 95% sobre la cuota que resulte de cualquier operación sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,…

Según el informe económico-fiscal elaborado por la plataforma, considerando solo la suma de los impactos de la bonificación de la tasa sobre el juego (de 2.530 a 75.710 millones de euros en 10 años), del IBI (55 millones de euros en 10 años), de la bonificación del ICIO (de 216 a 252 millones) y de la aportación de infraestructuras (alrededor de 2.000 millones de euros), las Administraciones Públicas podría recaudar como máximo 3.102 millones de euros en esos años.

Esta merma de potenciales ingresos por parte de las corporaciones locales se produciría en un contexto de fuerte recesión que les dificultará cumplir sus objetivos de reducción de déficit.

Por si todo esto fuera poco, se ha abierto la posibilidad de que las empresas propietarias de los casinos den crédito a los jugadores y condonen sanciones administrativas ante faltas “muy graves”, dando carta blanca a prácticas corruptas como las ruletas trucadas, coacción a jugadores…

Llama la atención que basándose en vagas promesas, se establezca un marco legal que solamente beneficiará a los inversores sin contribuir en igual proporción al interés general de la ciudadanía en un momento de severa crisis, máxime contando con similares experiencias que resultaron fallidas, como Terra Mítica, Reino de Don Quijote, Los Monegros, Time Warner, Isla Mágica, etc.

La plataforma denuncia, por tanto, que la empresa inversora marca las reglas del juego legislativas aun a costa del interés general de la ciudadanía (vía bonificaciones y exenciones fiscales) y vuelve a reivindicar para nuestra región la promoción de proyectos que generen empleos estables y dignos y que sean ambiental y socialmente sostenibles.