El recibo de la luz no subió el pasado 1 de julio para 26 millones de consumidores, entre hogares, autónomos y pequeños comercios como consecuencia de la congelación de tarifas consensuada por el Gobierno y el PP, que anunciaron un inminente Pacto de Estado sobre el sector energético.
La decisión de retrasar la subida prevista para el día 1 de julio, anunciada por el ministro de Industria, Miguel Sebastián y el coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro es, a juicio de la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV), muy parecida a la que tomó en su momento el Gobierno del Partido Popular, dando origen a una deuda de más de 15.000 millones de euros con las empresas eléctricas, una cifra que la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) eleva a 20.000 millones de euros.
Desde que el Ejecutivo anunciara la deuda contraída nadie ha explicado su origen, el montante total ni la forma de distribución entre los consumidores. Lo único claro es que el plazo para pagarla finaliza en 2013, un plazo que explica una subida trimestral que cada año supera el 18%.
Todo ello ha dado lugar a una situación completamente injusta toda vez que los consumidores gastamos el 48% del total de la electricidad generada y, sin embargo, pagamos el 75% del total de la facturación. De los 15.000 millones de euros de deuda reconocida los ciudadanos deberemos, por tanto, 7.500 millones pero pagaremos 12.000 millones de euros.
Por otra parte, aún no se nos ha abonado de ninguna manera los más de 4.500 millones de euros que nos cobraron de forma indebida con cargo a los costes a la transición a la competencia (CTC) para ayudar a las empresas eléctricas a competir con las empresas europeas.
Una vez más, nadie ha explicado a la ciudadanía cuáles son los objetivos del anunciado Pacto de Estado, por lo que representantes de la CEAV se concentrarán frente a la sede del Ministerio de Industria el próximo 22 de julio a las 12h para exigir la máxima transparencia en el establecimiento de las políticas tarifarias del sector eléctrico y, más en concreto:
CEAV pide, asimismo que todos los actores eléctricos garanticen, de forma mancomunada a los consumidores, la reparación de los daños por fallos en el suministro.
Por último, la confederación vecinal reclama que las comercializadoras de último recurso se adhieran al sistema arbitral de consumo para garantizar la equidad en los derechos entre consumidores y empresas en sus litigios.
