Las asociaciones, reunidas el 7 de abril, han conocido por la prensa las negociaciones que, al parecer, se están desarrollando entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid para la modificación del planeamiento urbano de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel.

En las negociaciones, confirmadas por el alcalde de Madrid el pasado día 3, se contempla la construcción de unas 700 viviendas y la cesión del resto de los terrenos al Ayuntamiento para equipamientos públicos.

Los portavoces vecinales señalan molestos que “es absolutamente inadmisible que ni se informe, ni se tenga en cuenta a las asociaciones de vecinos que han encabezado las luchas por conseguir el uso social de los terrenos de la antigua cárcel a lo largo de los últimos 15 años, luchas que han sido decisivas para conseguir, por ahora, el compromiso de que se destine una parte de dichos terrenos a la construcción de un hospital para la zona”. Denuncian, asimismo, que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid acepte la construcción de centenares de viviendas, cuando el pleno municipal acordó en 2005 que no se construiría ninguna.

Reiteran, por tanto, que “debe destinarse a equipamientos sociales toda la superficie de unos terrenos que fueron expropiados a tal fin en una zona muy densamente poblada y con déficit dotacional grave” e insisten en que “el Estado debe quedarse con una parte de la antigua cárcel para destinarla a construir un centro y espacio para la memoria histórica de la lucha antifranquista, como en su día prometió el partido en el Gobierno”.

Las asociaciones piden ser recibidos por las tres administraciones implicadas y advierten de que “no dejaremos de luchar hasta conseguir los objetivos planteados”, por lo que anuncian nuevas movilizaciones para que exigir que todos los terrenos sean destinados para equipamiento social, según el proyecto aprobado por los vecinos, entre ellos un hospital de gestión pública directa y un centro para la paz y la memoria histórica.