La Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos someterá a examen ‘tan pronto como sea posible’ el caso del denominado “triángulo de la muerte de Móstoles”, conformado por las estaciones de telefonía móvil instaladas en las azoteas de las viviendas situadas en las calles Pintor Zuloaga y Españoleto de esta localidad madrileña, contra las cuales el vecino Antonio Gómez emprendió una ardua batalla judicial en 2004 por considerar que la actividad electromagnética de las antenas es la causante de la muerte de 40 personas y la aparición de un centenar de casos de cáncer entre los vecinos de la zona.
La respuesta del tribunal europeo da un respiro a Gómez, que reconoce estar “harto de pedir justicia a todos los estamentos oficiales y gubernamentales y recibir a cambio injusticia, impotencia e indefensión’. Gómez hace referencia así al recorrido judicial de la denuncia que interpuso en el año 2004 en un juzgado de Móstoles, que archivó el caso. La Audiencia Provincial de Madrid decidió asimismo sobreseer la denuncia al no encontrar delitos contra la salud pública. En estos momentos, Gómez se encuentra a la espera de la respuesta al recurso de amparo que en diciembre del pasado año presentó ante el Tribunal Constitucional y, sobre todo, de la respuesta del tribunal radicado en Estrasburgo, al que ha pedido que inste a los países europeos a que bajen a 0,1 microvatios por cm2 los límites de exposición a las radiofrecuencias emitidas por las antenas de telefonía móvil, un límite que en España se sitúa en 450 mwcm2.
‘La noticia nos ha dejado un sabor agridulce’ confiesa Francisco Caño, responsable de la comisión de Antenas de Telefonía Móvil de la FRAVM. ‘Es una lástima -añade- que las autoridades judiciales y políticas de este país hagan oidos sordos a un problema de tamaña magnitud obligando a recurrir, nada más y nada menos, que al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para garantizar la salud de la ciudadanía. Esperamos que en Estrasburgo sean más sensibles a las consecuencias de la contaminación electromagnética que España, donde juzgados y políticos han cerrado sus puertas a un tema que está generando una creciente preocupación. Consideramos que la lucha que está encabezando Antonio a título individual es encomiable y puede sentar un importante precedente, por lo que la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, a la que pertenece la FRAVM, está buscando la manera de ayudarle a sufragar el proceso judicial’, concluye.
