Mientras una semana tras otra los líderes políticos discuten el cómo y el cuánto ayudar a la banca con dinero de todos, el número de familias hipotecadas que pierden su vivienda sigue su progresión ascendente sin que los primeros hagan nada para frenarlo. Mientras los países se endeudan hasta cotas imposibles para rescatar a unas entidades responsables en buena medida de la actual coyuntura económica, a diario decenas de hogares son arrojados a la exclusión social sin que los poderes públicos actúen para remediarlo. La mayoría de estos hogares proceden de pueblos o distritos populares como San Blas, en Madrid, zonas con altísimas tasas de desempleo y precariedad. Según los últimos datos disponibles del Ayuntamiento de Madrid, en febrero se llevaron a cabo 45 desahucios en este distrito. 988 se produjeron en el conjunto de la capital, una cifra que, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), “estamos seguros de que se ha superado en la actualidad”. Frente a la inacción de los poderes públicos, son plataformas de este tipo y otros colectivos ciudadanos los que a diario salen a la calle al rescate de las familias en riesgo. En este marco, como ya han hecho en dos ocasiones en los últimos cuatro meses, las asociaciones vecinales y la asamblea del 15M de San Blas y Canillejas, junto a la PAH, se manifestarán el próximo lunes 18 de junio contra las expulsiones de las familias deudoras de San Blas y en solidaridad con una de ellas, que corre el riesgo de ser desahuciada al día siguiente. La marcha saldrá a las 19 horas desde el cruce de Arcentales con la carretera de Canillejas-Vicálvaro. “La crisis económica ha llevado a estas familias a una situación en que no pueden pagar la hipoteca. Han intentado negociar con las entidades financieras, pero éstas se han cerrado en banda, lo único de lo que están dispuestas a hablar es de cobrar como sea. Caja del Mediterráneo [entidad que promueve el desahucio del martes 19], por culpa de la malísima gestión de sus directivos, está siendo rescatada por el Gobierno con el dinero de todos y todas”, indican las entidades convocantes de la protesta en un comunicado. “Esa entidad y el Gobierno que la protege, sin embargo, no están dispuestos a echar una mano a las familias que se hallan en una situación económica desesperada”, continúan, antes de concluir: “la familia de Noemí está dispuesta a entregar las llaves a la CAM, pero solicita tres cosas muy sencillas: 1) que se suspenda el desahucio, 2) quedarse en la vivienda pagando un alquiler social y 3) que se les condone la deuda”.

La manifestación por las calles de San Blas precederá una acción de paralización de desahucio que comenzará el martes 19 a las 9h45 ante la vivienda amenazada, en el número 8 de la Avenida de Hellín (metros San Blas y Las Musas). El movimiento vecinal de San Blas no está dispuesto a que más familias del distrito se queden en la calle por no poder afrontar su hipoteca. Noemí Ramos y su marido tuvieron que dejar de pagar las letras de su casa cuando se quedaron sin empleo, ante la disyuntiva de seguir engordando las cuentas de la caja de ahorros o mantener a sus tres niños. Ahora este hogar de 5 miembros, que no tiene otra alternativa de vivienda, puede verse sin un techo y con una deuda de por vida. Las asociaciones vecinales de San Blas, implicadas también en la campaña de la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social, reclaman de nuevo que las administraciones pongan los medios para evitar que hogares como el de Noemí sean arrojados a la exclusión social.