Las asociaciones de vecinos del estado español llevan dos años trabajando de manera conjunta para instar al Gobierno a que aplique el IVA superreducido (4%) a los servicios de suministro domiciliario de gas, electricidad, agua y telefonía fija en tanto constituyen servicios básicos para el desenvolvimiento de la vida cotidiana. Porque vivir no es un lujo. Durante este tiempo, las entidades vecinales, representadas por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), la Confederación de AA.VV. de Cataluña (CONFAVC), de Asturias (CAVASTUR), la Confederacio d´Associacions de Vëins de les Illes Balears, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Zaragoza, la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León han presentado dos peticiones colectivas al Congreso de Diputados, un mecanismo poco utilizado para hacer llegar las solicitudes de la ciudadanía al Gobierno y que, en este caso, han estado avaladas por más de 9.000 firmas de carácter asociativo e individual.
En enero de 2003 el Gobierno rechazó la propuesta a través del Ministerio de Hacienda remitiéndose a las limitaciones que, en aquel momento, imponía la Unión Europea (UE). Según el gabinete de Cristóbal Montoro, la Sexta Directiva de la UE en materia de IVA incluye un listado con el tipo de entregas de bienes o prestaciones de servicios que pueden estar sujetas a tipos reducidos. Esta lista no incluía ni el suministro de electricidad ni el de gas, gasoil para calefacción o teléfono por lo que, ‘no cabía’ en ese momento, impulsar una reforma legislativa en este sentido.
Meses después, la Unión Europea (UE) comunica a las entidades vecinales que España ya tiene la potestad para bajar el agua al tipo superreducido (4%) y que actualmente hay una propuesta presentada por el comisario Bolkestein para modificar la Sexta Directiva del IVA, a fin de ampliar el listado de servicios que, siempre y cuando no supongan distorsiones potenciales, pueden optar a IVA reducido, como la electricidad y el suministro de gas por la red de distribución de gas natural. Con la propuesta encima de la mesa, la iniciativa corresponde ahora al Consejo que, tras consultar al Parlamento Europeo, debe decidir acerca del futuro ámbito de los tipos reducidos.
Estas demandas, apoyadas en algunas de las regiones representadas por sindicatos, organizaciones de consumidores y plenos de Ayuntamientos -Vitoria, por ejemplo- fueron recogidas por el PSOE, IU y CIU. Las tres formaciones incluyeron varias enmiendas que fueron debatidas y rechazadas en el Congreso de los Diputados por los votos en contra del PP y Coalición Canaria el pasado 19 y 20 de noviembre. Las Federaciones y Confederaciones vecinales asistentes lamentaron, durante una rueda de prensa posterior, la cerril actitud de ambos partidos ante una iniciativa ciudadana de interés general cuya justicia han reconocido organizaciones de gran parte de la geografía española y denunciaron la lejanía con respecto a la sociedad civil que la posición gubernamental demuestra. Los representantes advirtieron que, si no rectifican esta inverosímil actitud durante el trámite en el Senado de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos del Estado, las entidades vecinales iniciarán una campaña conjunta de presión coincidiendo con las fechas navideñas.
