En noviembre de 2017, Ángel Garrido, presidente de Canal de Isabel II, y Rafael Prieto, director general de la empresa, presentaron el Plan Estratégico 2018-2030 como un hito representativo del nuevo modelo de gestión eficiente y transparente que el actual equipo directivo del Canal pretende implementar, y que, según sus declaraciones, se había conseguido como resultado de un proceso de consenso, en el que habían participado amplios sectores sociales interesados en la gestión del agua.

Informaron de que se trataba de un plan que empezaría a aplicarse en enero de 2018, por lo que dieron a entender que a finales de 2017 ya se disponía de toda la documentación sustentante del Plan Estratégico, incluyendo las diez líneas estratégicas y los 46 planes que lo integran. Los dos directivos aportaron, como único documento definitorio del plan, el denominado Síntesis del Plan Estratégico 2018-2030, que es totalmente insuficiente para evaluar su alcance y contenido.

Como consecuencia de ello, inmediatamente después de la presentación de esta “síntesis”, numerosas organizaciones ciudadanas y políticas interesadas en la gestión del ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid solicitaron la justificación documentada del proceso participativo que supuestamente se había seguido y toda la documentación sustentante del Plan. La respuesta por parte del Canal ante estas solicitudes fue desconcertante, al manifestar que el contenido detallado del Plan y de sus documentos constitutivos no estarían disponibles hasta el primer trimestre de 2018, plazo que ya ha sido rebasado sin que se haya aportado la documentación comprometida.

Tampoco han documentado el proceso de participación que afirmaron haber desarrollado. En este contexto, la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, de la que forma parte la FRAVM, asumió el compromiso de realizar un análisis tanto del proceso opaco y excluyente que se ha seguido en la elaboración del Plan, como del contenido de la propia Síntesis. El documento de análisis de la Síntesis de la plataforma está disponible en su sitio web: http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org

Según este texto, no existen documentos definitorios del Plan, a pesar de que el Canal se comprometió a que estarían disponibles a finales del primer trimestre de 2018. Por cuanto respecta a la elaboración del Plan, no consta que su elaboración se haya realizado mediante un proceso de participación pública, ya que no existe constancia documental sobre su desarrollo, ni de las personas o sectores sociales que intervinieron, ni de la composición ni los resultados de los grupos de trabajo que supuestamente se formaron. Por consiguiente, la red ciudadana exige que se aborde de inmediato un proceso participativo real en la concreción del Plan, que debe estar previamente programado y hacerse público, concretándose en fases sucesivas de información pública de toda la documentación referente al mismo; consulta pública sobre los documentos relativos al Plan, y participación activa, a través de foros y grupos de trabajo abiertos, de las partes interesadas en el proceso de planificación.

Como quiera que el presidente del Canal liga, en la presentación de la Síntesis, la decisión de redactar e implementar un plan estratégico con un cambio en el modelo de gestión del Canal de Isabel II, la Plataforma pone en evidencia que esto no es posible sin antes realizar un proceso de revisión autocrítico del modelo vigente, que se consolidó en 2012 con la Sociedad Anónima, analizando los déficit democráticos, sociales, económicos, financieros, laborales y técnicos que se han producido. De igual manera, la explicación de las circunstancias que permitieron la falta de participación, la opacidad y la nula rendición de cuentas en la práctica diaria del Canal es otro tema fundamental que hay que analizar y que tuvo, como una de sus consecuencias, la aparición de numerosos procesos de corrupción, facilitados por la patrimonialización de la empresa por parte de un reducido grupo de personas ligadas al Partido Popular.

La decisión de completar la integración municipal, a través de la incorporación como accionistas de la sociedad anónima a todos los ayuntamientos de la Comunidad, implicará necesariamente la formalización de nuevos convenios de gestión integral similares a los que se concretaron en 2012, que se han demostrado perjudiciales para los ayuntamientos y en los que se han detectado notables incumplimientos y han generado relaciones desiguales entre el Canal y las administraciones locales.

Esta decisión integradora contrasta con la nula participación documentada de los ayuntamientos en la elaboración del Plan, sobre todo en aspectos fundamentales, como es el caso de estar involucrados en un plan estratégico que pretende la renovación de las redes de distribución sin que se hayan evaluado sus consecuencias sociales, políticas y financieras, ni el impacto que tendrán sobre los usuarios. No se dispone de documentación justificativa y rigurosa de las diez líneas estratégicas y los 46 planes asociados que, según la Síntesis, constituyen el Plan; en buena parte, son la continuación de planificaciones precedentes que implican compromisos y planes, sin que se haya procedido a realizar una evaluación exhaustiva y minuciosa de los resultados obtenidos ni de los cumplimientos alcanzados. Sin embargo, la Plataforma pone en evidencia que existe una clara omisión estratégica en el Plan al no haber considerado los derechos humanos al agua y al saneamiento como una línea fundamental, ya que se configura como transversal a la mayoría de las diez que se anuncian.

Los derechos al agua y el saneamiento son un referente fundamental para la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento, como se resalta reiteradamente en el ámbito internacional y español. Su consideración consecuente representa un reto que necesariamente condicionará los procesos y actividades que pudieran contemplarse en cualquier plan estratégico de abastecimiento y saneamiento.

La Plataforma denuncia que no se cuenta con un presupuesto detallado del Plan, por lo que no es posible valorar su viabilidad económica, ni se ha previsto realizar una evaluación ambiental estratégica, a pesar de que la planificación prevista tendrá impactos territoriales y ambientales indudables. Por último, en la Síntesis no se especifica la forma en la que se realizará el seguimiento y monitoreo del Plan, cuestión fundamental para asegurar una adecuada rendición de cuentas.