El documento, que lleva por título Proposición de Ley de Garantía del Derecho Básico a la Alimentación en la Comunidad de Madrid, recoge la mayor parte de una propuesta elaborada por los colectivos de Carta contra el Hambre, para satisfacción de estos. “El PSOE y Ciudadanos parecen dispuestos a apoyarla. Y el 27 de julio nos reuniremos con el PP, que se ha mostrado interesado en la propuesta, así que esperamos que también se sume, para que el consenso político sea total”, indica Gabriel Lozano, portavoz de la plataforma ciudadana, en la que participa la FRAVM.

Tal y como aseguraron sus representantes en la conferencia de junio, los ayuntamientos de Fuenlabrada, San Fernando de Henares, Móstoles y Getafe se sumarán a esta iniciativa, única en el Estado español, que persigue que los municipios tengan, por ley, la financiación necesaria para garantizar la alimentación de todos sus vecinos y vecinas. Carta contra el Hambre espera que la ILM llegue a la Asamblea de Madrid el próximo otoño, con objeto que sea debatida y finalmente aprobada como ley autonómica.

Tras la habitual exposición de motivos, que incluye un profuso marco normativo y la justificación de la necesidad de la ley, así como sus objetivos y principios, la ILM desgrana sus artículos, entre los que destacan los del título II, que recogen “medidas de garantía del derecho a la alimentación”. Medidas como la creación de un fondo de emergencia alimentaria para toda la comunidad autónoma y de planes municipales de “mejora del acceso a la alimentación suficiente y adecuada”. Estos planes podrán incluir acciones como la creación de una tarjeta individual monetaria, el incremento de la plantilla municipal para agilizar las gestiones de la Renta Mínima de Inserción y del servicio complementario de acceso a la alimentación; la apertura de centros municipales de cultura alimentaria y la promoción del empleo de personas en situación de necesidad alimentaria en empresas de inserción social.

La ILM también establece la puesta en marcha de un Observatorio de la Emergencia Alimentaria de la Comunidad de Madrid y la creación, en cada municipio, de un órgano administrativo que fomente y facilite la “participación de las personas que se encuentren en situación de necesidad alimentaria en el proceso de elaboración y aprobación de las políticas públicas municipales de garantía del derecho a la alimentación”.

Lejos de desaparecer, la malnutrición corre el riesgo de convertirse en un mal endémico en un sector de la población madrileña, un problema especialmente grave en el caso de los niños y niñas. Así, el 6,3% de los hogares de la región vive en situación de pobreza severa, lo que afecta a algo más de 400.000 personas, y 427.000 trabajadores tienen ingresos salariales por debajo de 378 euros al mes. El 10% de nuestros abuelos cobra menos de la mitad de la Pensión Mínima, es decir, una cuantía inferior a los 351 euros al mes, y en 2015 el 20,5% de la población de la comunidad autónoma (1,3 millones de habitantes) se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, según el indicador AROPE.