Carabanchel, contra la privatización de los centros culturales

Las asociaciones que forman parte de la Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel denuncian la privatización de los tres centros culturales construidos en el marco del Plan Especial de Inversiones del distrito.

Carabanchel, contra la privatización de los centros culturales
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El pasado 25 de octubre, el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid hacía pública la convocatoria para la adjudicación del contrato de gestión de los nuevos centros culturales Fernando Lázaro Carreter, San Francisco-La Prensa y Carabanchel Alto con un presupuesto base de 1.438.339,42 euros.

Estos tres centros han sido construidos en el marco del Plan Especial de Inversiones y Actuaciones de Carabanchel que la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), en representación de las asociaciones vecinales del distrito, y el alcalde de Madrid firmaron el pasado 18 de febrero de 2004. Este Plan, al igual que los firmados en los distritos de Tetuán, San Blas, Latina, Vicálvaro, Villaverde- contempla el desarrollo de diversas actuaciones preferentes, definidas por las entidades vecinales del ámbito, con el objetivo de alcanzar el reequilibrio territorial y social de la ciudad.

La Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel recuerda que las entidades participan en el desarrollo de los planes para “mejorar la vida cultural, social y participativa de los vecinos y vecinas de Carabanchel, nunca para que los equipamientos que hemos reivindicado sean gestionados por empresas privadas que privilegian la obtención de beneficios económicos frente a la calidad de los servicios ofertados y a la función pública que, en otros tiempos, estos centros cubrían”.

La Coordinadora, por tanto, pide que el Ayuntamiento paralice “el proceso de privatización, hoy llamada gestión externalizada, de los centros culturales, deportivos, juveniles, de mayores, de la mujer… y contemple la cogestión de estos equipamientos entre el Ayuntamiento y las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro para asegurar así que los servicios ofertados responden a las necesidades de la ciudadanía”. Reclama, asimismo, “que desarrolle de forma urgente los artículos 51 y 52 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, que contemplan la gestión y la participación en la gestión de las entidades ciudadanas de servicios y equipamientos municipales de carácter social, cultural y deportivo. Lo contrario dejaría en muy mal lugar la afirmación de Gallardón de que los Planes Especiales de Inversiones y Actuaciones no constituyen actuaciones aisladas, sino que forman parte de un `nuevo estilo de Gobierno basado en la participación para alcanzar mayor eficiencia y calidad democrática´”.

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