El 31 de marzo de 2016, el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, envió una carta a los delegados de las áreas de Medio Ambiente y Movilidad y de Salud, Seguridad y Emergencias en la que solicitaba una entrevista para exponer diversas demandas destinadas a combatir la contaminación electromagnética. Entre estas, tal y como se indicaba en la propia misiva, la elaboración de una nueva ordenanza municipal o la modificación de la existente, con el fin de “compatibilizar las buenas comunicaciones con la protección a la salud y el medio ambiente”. Para ello, el Consistorio de la capital lo tiene fácil: solo ha de fijarse en Leganés, que en 2009 aprobó una avanzada ordenanza “reguladora del emplazamiento, instalación y funcionamiento de equipos para la prestación y uso de servicios de telecomunicaciones” donde prima el llamado principio de precaución. La activa Comisión de Antenas y Contaminación Electromagnética de la FRAVM, que se halla detrás de la carta, también solicitaba en ella campañas municipales de información y educación, “donde debe incluirse los riesgos para la salud asociados con estas tecnologías y cómo minimizarlos”, así como una moratoria en la implantación de los contadores inteligentes y de la red 4G.
Pues bien, después de un año y tres meses, la Concejalía de Inés Sabanés se ha limitado a acusar recibo de la petición, y la de Javier Barbero ni siquiera eso. Silencio ha sido su única respuesta. El mismo silencio que han mostrado hasta la fecha los grupos municipales Ahora Madrid y PSOE, a los que la FRAVM invitó en la misma fecha a presentar una propuesta de declaración institucional para que el Ayuntamiento se adhiera a la Resolución 1815, de 27 de mayo de 2011, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre los “peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente”. Ciudadanos y el PP, por su parte, acusaron recibo de la invitación. Tal y como aparece en la propuesta enviada a las cuatro formaciones con representación en la capital, la FRAVM solicita al Ayuntamiento que se comprometa a aplicar en el municipio las recomendaciones que recoge la Resolución 1815, especialmente la 8.1.4: “prestar especial atención a las personas electrosensibles afectadas por un síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos, y establecer medidas especiales para protegerlas, incluida la creación de zonas blancas no cubiertas por las redes inalámbricas”.
Fontarrón, barrio en alerta
La Comisión de Antenas y Contaminación Electromagnética de la FRAVM, que forma parte de la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) lleva años trabajando para que la expansión de las tecnologías inalámbricas de información y comunicación se realice de forma racional y controlada, colocando en el centro la seguridad y la salud de las personas. Para ello resulta esencial respetar el principio de precaución, algo que hoy por hoy ignoran la mayor parte de nuestras administraciones. Si respetaran este principio y siguieran recomendaciones elementales como las que establece la Resolución 1815, es probable que los vecinos y vecinas del barrio vallecano de Fontarrón vivirían hoy más tranquilos. Muchos de ellos sospechan que detrás de la proliferación de casos de tumores cancerígenos en la zona está la concentración excesiva de antenas de telefonía móvil en los tejados de sus bloques. La preocupación es tal que la propia Junta Municipal de Vallecas se ha sumado a una demanda de la asociación vecinal del barrio para que Madrid Salud “haga un informe técnico sobre el impacto de la telefonía móvil y el establecimiento de un sistema de medición permanente o periódico regular de las radiaciones electromagnéticas”.
Precisamente la citada ordenanza municipal de Leganés, que ha sido parcialmente anulada por el Tribunal Supremo tras una denuncia de las grandes operadoras de telefonía, recoge la implantación en el municipio de un “mecanismo de control y medición propio de las emisiones en tiempo real que garantice que el grado de contaminación para la población es mínimo” El Ayuntamiento, a través de una red de sensores, tenía previsto realizar sondeos regulares en “puntos de recepción” emplazados en lugares de amplia actividad o de carácter sensible, como viviendas o centros de trabajo, escolares, residenciales y hospitalarios.
La llegada del actual equipo de Gobierno al Consistorio disparó las expectativas de la Comisión de Antenas y Contaminación Electromagnética de la FRAVM, que albergó la esperanza de que el nuevo Ayuntamiento continuara el camino trazado en Leganés, de manera valiente y decidida, como garante de la salud de sus ciudadanos. Pero un año y tres meses después, este anhelo se ha tornado en decepción, por lo que la FRAVM reitera su petición de mantener un encuentro para que los responsables municipales conozcan de primera mano las propuestas vecinales en un problema tan sensible y actual como el de la contaminación electromagnética.
Recordemos que la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la OMS clasificó en 2011 los campos electromagnéticos de radiofrecuencias como posible cancerígeno y su director hizo un llamamiento a aplicar “medidas pragmáticas” para reducir su exposición, mientras que el Informe BioInitiative (revisión bibliográfica de más de 4.000 estudios) en su actualización de 2014 y de 2016, incide en que ya existen pruebas suficientes de riesgo de cáncer para el ser humano.
