La Plataforma Regional por la Escuela Pública pide a las administraciones que recuperen la gestión de las escuelas infantiles

Desde hace años y, al amparo de sucesivos decretos aprobados por el Gobierno de Esperanza Aguirre, la gestión de muchas escuelas infantiles de nuestra región está quedando en manos de empresas privadas ajenas al sector educativo que priman el beneficio económico a la calidad del servicio prestado. Las escuelas infantiles se están convirtiendo, por tanto, en meras guarderías. La Plataforma Regional por la Escuela Pública pidió hoy a los partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid que ponga freno a este alarmante deterioro de la calidad de la enseñanza recuperando la gestión pública de estos centros.

La Plataforma Regional por la Escuela Pública pide a las administraciones que recuperen la gestión de las escuelas infantiles
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La Plataforma Regional por la Escuela Pública, integrada por la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Giner de los Ríos, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), CCOO, UGT, Acción Educativa y el Sindicato de Estudiantes pidió hoy a los partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid que inicien un plan de recuperación de la gestión de las escuelas infantiles, sometidas, desde hace unos años, a un ataque injustificado, socialmente injusto y contrario al marco legal vigente por parte del Gobierno regional.

Hace ya varias décadas que las empresas privadas comenzaron a gestionar las escuelas infantiles en el Comunidad de Madrid, cuya gratuidad no está garantizada por la legislación española vigente. Hasta hace pocos años, eran las cooperativas educativas sin ánimo de lucro las que, con una clara vocación de servicio público, se hicieron cargo de la gestión de estos centros. La entrada en vigor de varios decretos aprobados por el Gobierno de Esperanza Aguirre, sin embargo, favoreció el intrusismo de empresas privadas (constructoras…) ajenas al sector de la educación en la gestión de las escuelas infantiles.

Dos de ellos, el decreto 17/2008, que desarrolla las enseñanzas de educación infantil y el 18/2008, que regula los requisitos mínimos que deben cumplir los centros de primer ciclo de Educación Infantil están en estos momentos pendientes de una sentencia del Tribunal Supremo. El decreto 105/2009, que regula la financiación está, asimismo, pendiente de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El desarrollo de este modelo de gestión ha hecho que en las renovaciones de las escuelas infantiles de gestión privada impere la máxima de “cuanto más barato, mejor”, marginando la consideración del Proyecto Educativo y vulnerando los porcentajes establecidos para el cómputo global de la valoración de las candidaturas: 40 puntos para la oferta más barata; 20 puntos para el proyecto de gestión educativa; 10 puntos para el funcionamiento del centro y propuestas de actividades complementarias; 10 puntos para la cualificación y preparación del personal que desarrollará el proyecto y 20 puntos para el proyecto de gestión organizativa y económica, distribuidos entre antigüedad y trayectoria de la empresa y abaratamiento de gastos de personal y material.

Este modelo es, a juicio de la Plataforma Regional por la Escuela Pública, pernicioso y peligroso para el alumnado, los trabajadores y las familias dado que prima la rebaja de los costes de personal y material sobre las consideraciones educativas, con el empeoramiento consiguiente de la calidad del servicio. En virtud de este modelo, se eliminan plazas de educadores en las escuelas infantiles y se reducen los sueldos de los docentes, se congelan las inversiones y tratan a los niños y niñas como si fueran mercancía de almacén a la espera de ser recogida por sus padres y madres. En otras palabras, el Gobierno regional está sustituyendo las escuelas infantiles por guarderías de muy baja calidad.

Por todo ello, la Plataforma Regional por la Escuela Pública pidió hoy a los partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid que deroguen los decretos 17/2008, 18/2008 y 105/2009 y aprueben una nueva normativa que garantice una Educación Infantil de titularidad, gestión y financiación pública al objeto de recuperar de forma inmediata los estándares de calidad exigibles al primer ciclo de educación.

La Plataforma reclama, asimismo, la participación de las organizaciones más representativas de la comunidad educativa en el establecimiento de las políticas educativas de la región.

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