Tal y como indica la federación vecinal de Leganés, por vez primera “existe un compromiso político de poner en marcha un control municipal sobre la contaminación electromagnética en tiempo real. Para ello se destinará en el primer semestre de 2010 una partida presupuestaria específica”. La “Ordenanza Municipal reguladora del emplazamiento, instalación y funcionamiento de equipos para la prestación y uso de servicios de telecomunicaciones’, basada en el “principio de precaución’, tiene como objetivo principal “la protección de la salud pública’. Para ello, la corporación pondrá en marcha un “mecanismo de control y medición propio de las emisiones en tiempo real que garantice que el grado de contaminación para la población es mínimo’. El Ayuntamiento, a través de una red de sensores, realizará sondeos regulares en “puntos de recepción” emplazados en lugares de amplia actividad o de carácter sensible, como viviendas o centros de trabajo, escolares, residenciales y hospitalarios. La nueva regulación afecta no sólo a las antenas de telefonía móvil, que han proliferado de manera descontrolada en los últimos años, sino también a las infraestructuras de radiodifusión sonora y de televisión, a las “antenas e infraestructuras radioeléctricas para el acceso vía radio a redes públicas fijas”, a los sistemas de radioaficionados y a “los equipos y las estaciones de telecomunicación para la defensa nacional, seguridad pública y protección civil”. Respecto a las frecuencias de telefonía móvil, la norma establece un nivel máximo de densidad de potencia de 0,1 uW/cm2 en el interior de los lugares utilizados habitualmente por la población, tomando como referencia las recomendaciones de la Conferencia Internacional celebrada en Salzburgo en junio de 2000. Las compañías, bajo amenaza de una serie de sanciones económicas y la retirada de sus instalaciones, deberán respetar ésta y otras condiciones, con objeto de causar el menor “impacto visual y ambiental sobre el entorno”. Como era de esperar, las empresas se han mostrado contrarias a la nueva ordenanza, al igual que el PP. La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés, a la par que felicita “a la ciudadanía por su apoyo a la lucha mantenida”, critica la postura de este partido, “que con su voto en contra se ha erigido en representante de intereses económicos de las empresas instaladoras, dando la espalda a los vecinos que con su movilización han hecho posible esta ordenanza que tiene como objetivo hacer compatible este servicio con la salud de la población”, indica en un comunicado emitido tras el pleno. Las AA VV, que han contado en todo momento con el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), destacan también la importancia que la norma da a la información y a la participación ciudadana. Según el texto, los ciudadanos conocerán a través de la Comisión de Seguimiento, en la que participarán tres representantes vecinales y un experto elegido por la Federación Local de AA VV, entre otros sujetos, los “Planes de Implantación presentados por las empresas de Telefonía Móvil y particulares ante el Ayuntamiento”, para que “en todo momento puedan tener conocimiento de los sistemas radiantes que operan en el municipio y, sobretodo, para que puedan adoptar iniciativas o formular sugerencias”. Según la federación local, se abre “una etapa nueva en la que la comisión de seguimiento creada a tal efecto tiene un papel clave en el despliegue de los planes y el control de las emisiones”. La norma, que las AA VV explicarán en un acto informativo que tendrá lugar el próximo 14 de enero a las 19h en el centro cívico José Saramago de Leganés, entrará en vigor 15 días después de que sea publicada en el BOCM. Pasado este trámite, las instalaciones que no dispongan de licencia adecuada deberán ser legalizadas o desmontadas en un plazo de seis meses por las compañías responsables.

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