A pesar de que las citadas organizaciones han demostrado su “mejor talante para poder alcanzar un acuerdo satisfactorio”, el equipo de Gobierno no parece querer asumir sus compromisos más mínimos. Las dos partes han mantenido dos reuniones, el 8 y el 14 de marzo pasados. En la segunda, los representantes del Ejecutivo tomaron nota de las propuestas vecinales y se comprometieron a dar una respuesta en el plazo de ocho días, fijando un nuevo encuentro para el 27 de marzo “en el que “ya avanzaríamos en los puntos en los que parecía factible el acuerdo”.

Pero “nos sorprende que a fecha de hoy no hayamos obtenido información ni respuesta alguna por parte del Gobierno y sea el silencio la postura por la que ha optado. Nos parece de tal gravedad este comportamiento de responsables públicos, que tienen la obligación de dar explicaciones a cualquier persona que las pida, que nos vemos en la obligación de denunciarlo públicamente”, indican las entidades ciudadanas y políticas.

Por otro lado, consideran “intolerable que, mientras se negocian los presupuestos, las empresas municipales Emsule y LgMedios se estén utilizando como administraciones paralelas, celebrando consejos de administración donde se aprueban y contratan obras y proyectos sin el mismo control y fiscalización que si se hicieran directamente desde el Ayuntamiento”.

Además, aprovechan su comunicado para denunciar “la postura mantenida por el Gobierno Municipal al incumplir el compromiso adquirido en la reunión del día 15 de marzo, a propuesta de los colectivos, de mantener un encuentro al final de la mencionada reunión con los compañeros de la PAH para tratar la problemática que presentaban varias familias en situación de extrema necesidad y que no se llegó a producir, notificándoles que en la sala había una reunión programada, por lo que se trasladaba el encuentro a los Servicios Sociales, en donde sí serían recibidos por los responsables municipales y al llegar se encuentran con las puertas cerradas y la policía municipal en la puerta”. “Ello es un claro engaño impropio de cualquier cargo público con responsabilidad, que demuestra el desinterés de este Gobierno en disminuir el número de personas en situación de exclusión social y/o de pobreza”, remachan los colectivos en su escrito.

“Estas prácticas -continúan- dejan claro el porqué de la situación de parálisis actual de la ciudad. No es que este Gobierno no sepa negociar o llegar a acuerdos, lo que sucede es que no quiere, es por ello que hace oídos sordos a las demandas de la ciudadanía y sus representantes. Están más preocupados de atender a los conflictos entre familias internas de su partido que de atender las necesidades de nuestra ciudad y de las familias de Leganés”.

Con su “negativa a dar una respuesta” a las demandas ciudadanas y al “no tener una explicación sobre la paralización de este proceso”, los colectivos entienden que el Gobierno de Leganés ha roto de manera unilateral las negociaciones y renuncia a llegar a ningún tipo de acuerdo con las entidades sociales, vecinales y políticas de la ciudad.

Por ello, como ya anunciaran al principio de la ronda de contactos si las negociaciones fracasaban, las organizaciones promotoras anuncian la convocatoria de las “movilizaciones que consideremos necesarias”.