Hace meses que la Plataforma de vecinos y familias afectadas por la instalación de las cocinas fantasma en la calle Alejandro Ferrant, 8 solicita una solución política a un problema que necesita medidas y acciones políticas. El propio Ayuntamiento de Madrid, a remolque de las quejas vecinales, reconoció que este tipo de actividad era perjudicial para el vecindario y familias y anunció en agosto una nueva regulación que establecerá límites como su ubicación en naves de hasta 350m2. Sin embargo, la no retroactividad de la norma hace que estas cocinas vayan a poder operar en una nave con superficie de casi 600m2 y un colegio con 900 menores pared con pared, lo que hace más injusta si cabe la situación de estas familias y vecinos y vecinas.

Los dirigentes políticos de la ciudad han reconocido que por su impacto negativo hay que establecer limitaciones a estas industrias en zonas residenciales pero dichas limitaciones no van a poder aplicarse en el caso de las cocinas ubicadas al lado del CEIP Miguel de Unamuno.

La actualización de la normativa anunciada en agosto no ofrece ninguna solución a las cocinas fantasma, ahora cocinas agrupadas, que ya cuentan con licencia, por lo que las familias y vecinos están preparando, junto a la FRAVM y otras plataformas de personas afectadas en la ciudad de Madrid, un documento con alegaciones concretas para que, entre otras cosas, este tipo de industria no pueda instalarse bajo ningún concepto al lado de un colegio.

Desde abril de 2021, cerca de mil familias del colegio público Miguel de Unamuno y comunidades de vecinos de Arganzuela rechazan frontalmente la apertura de un negocio industrial de cocinas fantasmas en medio de un barrio residencial y colindante con el centro educativo. La postura de la plataforma es clara, la producción de comida a destajo para su reparto a domicilio en estas instalaciones pondrá en riesgo la salud del alumnado y el vecindario por el aumento de tráfico, ruido y contaminación, en una zona que debería ser segura para los niños y residentes y no convertir el centro de la ciudad en un polígono industrial.

Ante la pasividad del Ayuntamiento de Madrid, que ha confirmado en boca del alcalde y del delegado de Urbanismo que no puede hacer nada para ayudar a las familias y vecinos y vecinas afectados, estos se vieron abocados a buscar ayuda en los tribunales. Es por ello que el pasado 28 de mayo de 2021 la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del Colegio Miguel de Unamuno interpuso un recurso contencioso-administrativo en los juzgados que ha dado inicio a un proceso judicial contra el Ayuntamiento de Madrid.

Las familias confían en el proceso judicial pero hasta que se resuelva, y puesto que las cocinas ya han empezado su actividad, tienen esperanza en que las marcas de restauración que estén valorando instalarse en Alejandro Ferrant 8, conociendo la situación, empaticen con su creciente preocupación, se hagan cargo de la situación a la que se enfrenta la comunidad educativa del CEIP Miguel de Unamuno y consideren ubicar sus negocios en otro emplazamiento que no perjudique el entorno escolar de sus hijas e hijos y de miles de vecinas y vecinos, como ya hiciera otro conocido chef al marcharse de las cocinas de José Calvo, 10 hace unos meses tras una petición popular en redes sociales.