La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y asociaciones de los municipios de Algete, San Fernando de Henares, Coslada, Paracuellos de Jarama, Talamanca de Jarama, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes y Madrid reclaman al ministerio de Fomento que ordene el cierre nocturno del aeropuerto. Instan, asimismo, a la Dirección General de Protección Civil del ministerio de Fomento a que elabore un Plan de Emergencia Exterior del aeródromo que garantice la seguridad de la población de los municipios del entorno implementando medidas de protección ante las operaciones de salida y entrada de las aeronaves y el cercano emplazamiento de los depósitos de queroseno JET A-1, que almacenan 70 millones de litros de combustible. Por último, emplazan al ministerio de Medio Ambiente a que cree una comisión de Protección Ambiental y de Seguridad del aeropuerto con participación directa de los ciudadanos afectados.

Las más de veinte organizaciones que han suscrito el Manifiesto por el cierre nocturno del aeropuerto de Barajas insisten en que el ruido y los residuos tóxicos generados por las aeronaves provocan graves consecuencias para la salud de los más de 500.000 vecinos del entorno. Por ello y, amparándose en el Real Decreto 1257/2003 de 3 de octubre, por el que se regulan los procedimientos para la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido de los aeropuertos ateniéndose a las características meramente urbanas del aeropuerto de Barajas, instan al ministerio de Interior a que ordene una reducción progresiva de los movimientos de aviones durante el día y una prohibición general entre las 22.00 y las 07.00 horas, quedando su uso exclusivo para vuelos humanitarios y de urgencia sanitaria, normas que, ya desde tiempo atrás, vienen aplicándose en algunos de los más importantes aeropuertos de la Unión Europea, como el de Heathrow (Londres), Frankfurt, Dusseldorf, Berlín, Munich, Orly (París), Zurich y Ginebra. Los firmantes del manifiesto hacen hincapié en que la Administración no puede supeditar la salud de las vecinas y vecinos de las poblaciones colindantes a los intereses comerciales de los grupos de presión que constituyen los transportistas aéreos y los gestores del aeropuerto.