En la asamblea sectorial de sanidad celebrada el pasado 7 de abril en la sede de la AV Valle Inclán de Prosperidad (Chamartín), las asociaciones vecinales presentes acordaron convocar una nueva jornada de lucha en los barrios, ciudades y pueblos de la Comunidad de Madrid en defensa de una sanidad 100×100 pública y de calidad y en contra de la supresión de la participación ciudadana en el modelo sanitario para el próximo jueves 28 de abril.
Al igual que en la convocatoria celebrada el 29 de abril de 2010, la FRAVM anima a las asociaciones a sumarse a la nueva jornada de lucha convocando actos reivindicativos en los centros de salud o de Especialidades tales como asambleas vecinales, concentraciones, mesas informativas… intentando sumar, cuando sea posible, a las coordinadoras de distrito o ciudad que trabajan en defensa de la sanidad pública.
A juicio de la comisión de Sanidad de la FRAVM y, a la luz del balance de la gestión de la sanidad realizada por el Ejecutivo regional , sobran los motivos para salir a la calle el 28 de abril.
A pesar de ser la tercera comunidad autónoma con mayor renta per capita, el dinero que el Gobierno regional ha destinado a cada madrileño entre 2004 y 2011 es un 13% menor que la media estatal, un dato cuanto menos preocupante a la luz de una información publicada por la prestigiosa British Medical Journal, según la cual por cada 80 euros recortados por persona en gastos sociales, la mortalidad general puede incrementarse casi un 1%. En 2011 el Gobierno regional destinará a actividades de prevención y promoción de la salud 150 millones de euros menos que en 2005. También la plantilla ha sido objeto de similares recortes: entre 2008 y 2010 se han destruido 2.771 puestos de trabajo, a los que habrá que sumar los 1.400 que, a tenor de los Presupuestos de este año, se eliminarán.
Estos sucesivos tijeretazos han permitido al Gobierno regional incrementar el presupuesto destinado a la contratación de servicios sanitarios privados (un monto que sólo en la primera legislatura aumentó un 76,27%). En 2010, mientras el presupuesto de los hospitales públicos crecía un 1,35% (lo que no cubre ni la tasa de reposición), los fondos destinados a conciertos privados y nuevos hospitales aumentaban un 23,2% y un 32%, respectivamente, en 2011.
Las consecuencias de esta decidida apuesta política por la privatización y la detracción de recursos públicos de la sanidad privada se dejan sentir, entre otras, en las listas de espera. El millonario plan aprobado en 2004 por Esperanza Aguirre para reducir la espera quirúrgica no ha dado los resultados esperados. Antes al contrario, entre 2005 y 2010 las personas pendientes de intervención aumentaron un 52,77%. De éstos, el 68,27% espera más de los 30 días prometidos por Esperanza Aguirre para ser operados.
Las listas de espera han alcanzado, además, a la atención especializada –el 25% de las primeras consultas se demoran más de dos meses y sólo el 20,3% es atendido en el plazo máximo recomendado de 15 días– y a la atención primaria, donde los algunos usuarios llegan a tardar 10 días en ver a su médico de cabecera.
A todo ello se suma la desaparición de los cauces de participación ciudadana existentes (consejos de salud) y de la Dirección General de Salud Pública, que trabajaba por abordar los problemas de salud a nivel colectivo y la protección de los sectores sociales más vulnerables.
