10.000 vecinas y vecinos del distrito de San Blas, que se ven obligados a acudir a dos centros de salud ubicados en el vecino distrito de Ciudad Lineal (centros de salud Gandhi y Hermanos García Noblejas) continúan esperando que la Comunidad de Madrid construya un ambulatorio en una parcela que el Ayuntamiento cedió a la Comunidad de Madrid en junio de 2006 en la calle Emilio Muñoz. Existe otra parcela libre que es de propiedad de la Comunidad en la Plaza Cívica en la que se podría albergar un nuevo centro sanitario.
Llama la atención, además, que la Comunidad de Madrid obligue a estos vecinos a desplazarse cuando en los últimos años ha cerrado cinco centros de salud ubicados en San Blas situados en las calles Julia García Boutan, Miguel Yuste, Hermanos García Noblejas, Castillo de Uclés y en la avenida de Guadalajara.
Los portavoces vecinales señalaron otro ejemplo que da muestra de la falta de planificación de la gestión sanitaria: existe un edificio construido y terminado hace más de 15 años que aún no ha sido inaugurado y ha permanecido clausurado todo este tiempo. Agustina Serrano, portavoz vecinal, aseguró que “llevan 8 años diciendo que será destinado a un centro de salud mental, un equipamiento necesario dado que el que existe actualmente da cobertura a varios distritos y está colapsado. Ahora nos encontramos con un cartel que anuncia que será cedido para servicios asistenciales de la Comunidad de Madrid”.
Respecto al centro de especialidades Hermanos García Noblejas, “venimos sufriendo crecientes listas de espera, sobre todo en traumatología, rehabilitación, ginecología… y observando la reducción de profesionales sin que nadie cubra los puestos vacantes”, indicó Pablo Santamaría. En todo caso, concluyó, “no podemos confirmar datos exactos porque llevamos un año y medio esperando que el gerente del área nos proporcione la información oficial de las listas de espera”.
Además de representantes vecinales de las asociaciones de San Blas y Ciudad Lineal, participaron en el acto miembros de la asamblea de trabajadores de la sanidad pública y representantes de trabajadores del hospital Ramón y Cajal.
