La Asamblea de Centros Educativos Públicos de Puente y Villa de Vallecas, que se concibe como un movimiento cívico, está convencida de que el actual gobierno de la Comunidad de Madrid persigue el desprestigio de la enseñanza pública en favor de la privada concertada. Según un comunicado que sirve de presentación del nuevo espacio, el propósito del ejecutivo de Esperanza Aguirre es “convertir la enseñanza pública en un servicio asistencial, justificar la inversión en la privatización de la enseñanza mediante una gestión incompetente e ideologizada de los recursos públicos y favorecer los intereses privados, algo que el Gobierno regional también hace, por ejemplo, al ceder suelo público a centros privados o al no controlar la admisión de alumnos en los centros de gestión privada”.

La Asamblea denuncia que para el curso 2010/2011 la Consejería de Educación ha recortado de nuevo los recursos destinados a la enseñanza pública: se han suprimido plazas de profesores, de orientadores, horas de dedicación a la tutoría, y se han reducido sustancialmente los recursos para actividades complementarias. A la par que ha reducido el presupuesto para la educación pública en un 4,8% (4.548 millones de euros menos que el año anterior), ha incrementado en un 0,7% (855 millones de euros) el de la escuela privada concertada.

Con esta manera de proceder, sostiene la red ciudadana, “la Comunidad de Madrid está favoreciendo la segregación del alumnado y la creación de guetos, tal y como ha denunciado recientemente el Consejo de Europa a través de su Comisión contra el Racismo y la Intolerancia (Cuarto informe sobre España, 2010)”. Ésta recomienda encarecidamente “que las autoridades españolas revisen el método de admisión de los alumnos en centros públicos y privados concertados y tomen otras medidas que puedan ser necesarias para garantizar una distribución equitativa de los alumnos españoles, inmigrantes y gitanos en los diferentes centros escolares”. En este sentido, la Asamblea hace notar que el Consejo de Europa no pide que se revise la Ley de Educación, en la que ya se prescribe la distribución equitativa del alumnado entre centros públicos y privados concertados (LOE, capítulo III), sino que se cumpla.

La segregación del alumnado y la falta de recursos humanos y materiales deteriora a un sistema educativo que ya padece uno de los menores niveles de gasto público entre las comunidades autónomas y los países del entorno y, como consecuencia, unas mayores tasas de fracaso escolar y abandono temprano de las aulas. Todo esto, a pesar de que, tal y como asegura el Informe PISA 2006, son los centros públicos los que en mayor medida que los privados concertados están contribuyendo a garantizar el derecho fundamental a la Educación sin distinción de origen nacional, social, de posición económica o de sexo, así como a fomentar la igualdad de oportunidades. “La puntuación media española […] es muy próxima a la media de la OCDE, pero en los niveles socioeconómicos más modestos los alumnos españoles obtienen mejores resultados o, lo que es lo mismo, en los centros que escolarizan a estos alumnos el sistema educativo ofrece mejores resultados que en los centros y alumnos equivalentes de la OCDE. Lo contrario ocurre justo en los niveles socioeconómicos más favorecidos”, resalta el informe.

“No queremos la libre elección de centro educativo que nos ofrecen porque no somos clientes y la educación no es un producto: es un derecho fundamental que garantiza la igualdad de oportunidades, el desarrollo personal y de la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto. Lo que queremos es una escuela pública de calidad de todos y todas para todos y todas, lo cual exige no sólo dejar de recortar medios, sino aumentar la inversión en educación, sobre todo, donde más se necesita para poder corregir las desigualdades de origen y brindar oportunidades a los más desfavorecidos”, reclama la Asamblea, que se dará a conocer en una concentración que tendrá lugar el próximo 27 de abril a las 18h ante el Parlamento de la Comunidad de Madrid. Durante el acto, una delegación de la plataforma ciudadana registrará un manifiesto que ya ha sido firmado por numerosos ciudadanos de los distritos Puente y Villa de Vallecas.