Junto a ellos estaba Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

Podemos ha elaborado y presentado la PNL después de que la Consejería de Sanidad, en junio de 2017, rechazase una petición similar realizada por el concejal presidente de Puente de Vallecas a través del gerente de Madrid Salud. En la solicitud, que responde a su vez a una demanda anterior de la Asociación de Vecinos de Fontarrón, se refleja la “notable preocupación entre los vecinos de la calle Ramón Pérez de Ayala por la posible incidencia de la aparición de tumores entre su población por la importante concentración de antenas en ese entorno”.

De hecho, en su PNL la agrupación morada solicita que el estudio demandado ponga especial atención a los números 1, 3, 92 y 94 de esa calle, así como al número 12 de la calle Pío Felipe, donde se ubica la iglesia del Colegio Tajamar, y a otros espacios “sensibles” como guarderías, centros de salud, parques públicos y centros de mayores. Para que sea realmente útil, la investigación, a tenor del partido y de las asociaciones vecinales, debe contemplar “un muestreo exhaustivo de los niveles de emisiones electromagnéticas a los que está expuesta la población” y la “incidencia” en esta de “leucemias, linfomas, y otros procesos cancerígenos y tumorales, incluso los benignos, así como alteraciones del sistema reproductor y nervioso, y del mecanismo del sueño, considerando tanto los fallecimientos como los casos diagnosticados en la zona de estudio”.

Fernando Rico, portavoz de la Comisión de Antenas de Telefonía de la FRAVM y de la Asociación de Vecinos de Fontarrón, además de agradecer a Podemos su iniciativa, ha dejado claro tras el registro que presentan la PNL “por las antenas de nuestro barrio, pero queremos hacerla extensiva a Vallecas y a todo Madrid”. “En mi barrio estamos soportando 28 antenas de telefonía desde hace 20 años y tenemos muchos casos de cáncer. Hay personas que ya no están con nosotros. Con la PNL pretendemos que el Gobierno de la nación cambie la Ley de Telecomunicaciones ya que ahora los ciudadanos estamos completamente a merced de las multinacionales, indefensos”, ha indicado, resumiendo el punto 4 de la PNL.

Abundando en esta demanda, Quique Villalobos ha declarado: “De unos años acá, todas las regulaciones sobre telecomunicaciones han ido restringiendo los derechos de la ciudadanía en materia de emisiones, por eso pedimos una modificación de la ley al Gobierno”. “Europa –ha continuado- nos está diciendo que por el principio de precaución tenemos que ser más cautos a la hora de autorizar antenas, tanto en sus emisiones como en su concentración. Es un tema que nos preocupa porque puede afectar gravemente a la salud, por eso exigimos, tanto a la Comunidad de Madrid, a través de estudios epidemiológicos, como al Estado, regulando convenientemente, que protejan a la ciudadanía”.

La última parte de la PNL tiene que ver con el papel marginal que la actual Ley de Telecomunicaciones da a las entidades locales y a las comunidades autónomas. Así, en palabras de Alejandro Sánchez, “pedimos un cambio de la ley para que tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas puedan tener alguna voz en la planificación de la instalación de estos dispositivos, ya que la última ley les quitó esta competencia”.