Entre las medidas, que han sido presentadas como Proposición No de Ley en la cámara autonómica, se encuentra la elaboración del Plan Director para la Eliminación del Amianto en la Comunidad de Madrid aprobado por la Asamblea de Madrid en 2020; y la realización de un inventario de los centros educativos afectados por amianto. Además, se propone desarrollar un Plan de Desamiantado para proceder a su retirada segura de las instalaciones escolares y, dentro de la Estrategia de Reconstrucción y Resiliencia de la Comunidad de Madrid, las obras y reformas correspondientes a esta retirada. Partidos y colectivos sociales solicitan, además, la inclusión de las partidas correspondientes en los Presupuestos de 2022 de la Comunidad de Madrid. La propuesta incluye también el establecimiento de una mesa de seguimiento de los Grupos Parlamentarios que monitorice el desarrollo de dicho Plan Director y el Plan de Desamiantado de centros educativos.

“Según las organizaciones médicas, como la Asociación Española de Pediatría, los niños y niñas en edad escolar son particularmente vulnerables a la exposición a materiales cancerígenos, y por desgracia son miles los que están expuestos en los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid. Más Madrid lleva años trabajando con las entidades sociales para solucionar este problema histórico, desde los ayuntamientos y en la Asamblea, y por eso presentamos esta PNL juntamente con PSOE y Unidas Podemos, para que la Consejería identifique los centros escolares con amianto y establezca un Plan de Desamiantado para erradicar este material tan peligroso en un plazo de dos años aprovechando los fondos europeos de reconstrucción” afirmó Alejandro Sánchez, portavoz de Más Madrid – Verdes Equo, tras registrar la PNL.

“Desde el Grupo Parlamentario Socialista apostamos por mejorar la calidad de vida de la ciudadanía madrileña, empezando por nuestros niños y niñas, con la retirada del amianto en los colegios, que mejorará la salud sin duda de nuestros hijos. Y esto necesita rigor y presupuesto”, afirmaron las diputadas del Grupo Socialista, Estefanía Suárez y Cristina González.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, considera que “es especialmente demoledor que, en pleno siglo XXI, sigamos teniendo en la Comunidad de Madrid centros escolares donde hay maestras, personal administrativo y de limpieza y, especialmente, niños y niñas expuestos a este drama. Hoy nos comprometemos, junto al PSOE y a Más Madrid, a frenar este problema tan nocivo para la salud de todos y todas y a instar al Gobierno del PP que inicie cuando antes el desamiantado de nuestras escuelas. Es crucial que los presupuestos autonómicos incluyan partidas presupuestarias para ello”, apostilló el jueves.

En 2002 se prohibió la utilización del amianto y de los productos que lo contienen, pero no se eliminaron los ya instalados o en servicio, por lo que el amianto sigue siendo hoy día un problema de salud pública, medioambiental y laboral. Además, en 2013 el Parlamento Europeo hizo pública una resolución sobre los riesgos para la salud del amianto, instando a los estados miembros a identificar y censar el amianto instalado y desarrollar planes de erradicación de este en el menor plazo posible. En 2015 y 2019, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) emitió sendos dictámenes sobre el amianto en los que se señalaba que la cifra de víctimas anuales en Europa ronda las 88.000 personas, lo que representa entre el 55-85% de los cánceres de pulmón en el trabajo, estableciendo como objetivo prioritario de la UE la eliminación de todo el amianto a través de planes de acción de los estados miembros antes de 2028. En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, todavía no existen estudios ni registros que determinen la situación del amianto instalado, ni del vertido ilegalmente en el medio ambiente en escombreras. Tampoco existe una normativa de carácter regional que ampare posibles actuaciones de los municipios de la región.

“Es por esto que la Comunidad de Madrid tiene que actuar de forma urgente y destinar los recursos necesarios para la eliminación del amianto en los centros educativos, velando así por la salud de los niños y niñas de nuestra región”, afirmaron el jueves los portavoces de los tres grupos parlamentarios proponentes.