Las asociaciones vecinales del distrito Centro llevan meses denunciando la celebración de fiestas ilegales en Viviendas de Uso Turístico (VUT), un problema que se ha agravado con el cambio de año, para desgracia de los vecindarios afectados. A pesar de las restricciones sanitarias y de hallarnos en plena tercera ola de la Covid-19, no hay semana que pase sin que se organicen fiestas en pisos turísticos y otras viviendas, especialmente en barrios muy afectados por la turistificación como Letras, Universidad, Embajadores o Chueca.

Ante esta grave situación, los representantes vecinales, en una reunión muy cordial y constructiva, solicitaron a Franco una respuesta urgente. “La evolución de los pisos turísticos está tornando a sitios para celebrar este tipo de fiestas que atentan gravemente contra la salud pública e incurrir en delitos graves. Hemos trasladado que hay verdaderos itinerarios y que hay gente que ofrecer a venir a esos pisos donde se montan las fiestas”, indicó Quique Villalobos en una comparecencia de prensa posterior al encuentro.

El presidente de la FRAVM alertó también sobre “el mensaje irresponsable que la Comunidad de Madrid traslada, que da la impresión de que en Madrid se puede hace cualquier cosa, que los bares tienen medidas mucho más rebajadas que en el resto de España, que aquí se puede tener un toque de queda más laxo y que las condiciones acompañan para hacer prácticamente una barra libre de la actividad de las fiestas tan irresponsables”.

Jordi Gordon, por su parte, informó que la Policía Municipal de Madrid ha denunciado en los últimos meses 6.000 fiestas ilegales en viviendas, lo que puede tener un alcance de unas 300.000 personas participantes. “Luego están las fiestas en domicilios particulares, las de las saunas de la zona, las orgías en pisos, etcétera. Pedimos que se sancione y denuncie con carácter penal este tipo de comportamientos y que no haya zona de impunidad para que esta gente que por codicia se lucre poniendo en riesgo a la salud de todos. La mayor parte de los pisos turísticos son ilegales. Estamos pensando recurrir a la Fiscalía y al juez decano para que haya herramientas legales contra quienes se lucran en esta situación”, indicó el representante vecinal.

Durante la reunión, el delegado del Gobierno se comprometió a colaborar con las administraciones local y regional y a reforzar el trabajo en labores de control de la Policía Nacional para “poner fin a este auténtico despropósito y vergüenza”. “Esto tiene que ver con fines espurios y económicos. Lo que prometemos es desde la Delegación que colaboraremos con las asociaciones de vecinos e instituciones implicadas”, indicó.

Franco aseguró también que investigarán y llegarán “hasta las últimas consecuencias” en este asunto. “Hay un registro de pisos turísticos en la Comunidad, ver quienes son los propietarios, a quién se les alquila, en qué condiciones se está alquilando y lo que sucede dentro. Si estamos hablando de establecimientos de carácter público, la labor de la Policía se facilita ante posibles entradas en estos locales. Y el peso de la ley recaerá sobre todos los responsables”, concluyó.

Tras el encuentro, a lo largo del pasado fin de semana, la Policía Municipal desalojó más de 250 fiestas ilegales en Madrid, lo que da muestra del alcance y gravedad de este fenómeno.