“Situar a las personas en el centro de la decisión del sistema sanitario, estableciendo su derecho a elegir dónde y por quién quieren ser tratadas”. Bajo ese atractivo eslogan, la Consejería de Sanidad iniciará durante los próximos meses una campaña de promoción del decreto de libre elección de profesionales, que contempla eliminar las 11 gerencias de Atención Primaria y reducirlas a una sola. Las pretendidas ventajas de este nuevo sistema resultan, a primera vista, incontestables: los madrileños tendremos el privilegio de ser los primeros en tener una asistencia sanitaria a la carta pudiendo elegir médico, pediatra, enfermera/o, centro de salud, centro de especialidades… en función de nuestras preferencias y necesidades. “Llega -anunciará un plan de comunicación que desplegará concienzudamente el Gobierno regional- una sanidad sin barreras administrativas”.
La “libre” elección de centros y profesionales da la clave del objetivo último de esta novedosa medida: introducir la competencia entre centros sanitarios públicos y privados. Es decir, dar más a los “mejores”. La meritocracia que muchos podrían justificar como fórmula para impulsar la calidad tiene, en cambio, perversas consecuencias, como se ha demostrado en Gran Bretaña, donde el Gobierno se vio obligado a retirarlo: la incentivación de los centros y servicios más “eficientes” y la desincentivación de los menos solicitados, de manera que los mejores y más rentables centros tenderán a “prescindir” de los pacientes menos rentables -aquellos aquejados de enfermedades crónicas o necesitados de cuidados más costosos-. Además, la concentración de medios materiales y económicos en pocos centros y zonas geográficas agravará más aún las sobrecargas de trabajo, generará nuevas listas de espera y, como han advertido los propios equipos de Atención Primaria de Madrid, abre la posibilidad de “dirigir” interesadamente los flujos de población a algunos centros gestionados por empresas privadas mediante operaciones de marketing toda vez que la decisión del usuario no se basa tanto en la información contrastada como en la “calidad percibida”.
En base al nuevo modelo, los profesionales cobrarán incentivos variables sujetos a la productividad a partir de 2010, cobrando más aquellos que menos gastos produzcan. Es decir, aquellos que menos deriven a los especialistas, menos y más cortas bajas laborales autoricen y menos pruebas diagnósticas soliciten en perjuicio de la calidad y, sobre todo, de la seguridad de los vecinos.
El Gobierno regional pretende imponer un cambio de modelo sanitario por la vía del “decretazo”, sin someterlo a la consideración de los sindicatos, asociaciones de profesionales y organizaciones ciudadanas, a pesar del estrepitoso fracaso de su implantación en Gran Bretaña y en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que en su informe de 2008 resaltaba que “la Atención Primaria es más importante que nunca”.
