Miles de personas volvieron a exigir ayer en las calles de la capital una sanidad cien por cien pública para la Comunidad de Madrid y la derogación de ciertas leyes que abundan en el proceso liberalizador promovido por el Ejecutivo regional. Tras una pancarta con la rúbrica “No a la Ley 15/97”, que hace referencia a la norma que permite la incursión del capital privado en la gestión de los recursos sanitarios públicos, decenas de organizaciones sociales, sindicales y políticas de izquierda desfilaron desde la plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol en una marcha lenta y ruidosa. Entre ellas, numerosas asociaciones vecinales que, detrás de una pancarta de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), formaron un llamativo y concurrido bloque.

Durante la marcha, en la que se reclamó la anulación de los proyectados decretos “de libre elección” y de Área Única impulsados por la consejería que dirige el controvertido Juan José Güemes, fueron constantes las críticas al Ejecutivo de Zapatero por permitir la implantación de las derivas privatizadoras. El acto terminó frente la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, donde intervinieron varios portavoces de las organizaciones convocantes.

“Situar a las personas en el centro de la decisión del sistema sanitario, estableciendo su derecho a elegir dónde y por quién quieren ser tratadas”. Bajo ese atractivo eslogan, la Consejería de Sanidad iniciará durante los próximos meses una campaña de promoción del decreto de libre elección de profesionales, que contempla eliminar las once gerencias de Atención Primaria y reducirlas a una sola. Tal anuncio -aún “oficioso”- ha alarmado a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), que ha solicitado una reunión con el consejero de Sanidad para obtener información detallada de los planes del Gobierno regional. Para la Federación, la centralización de todas las gerencias sanitarias en una sola dificultará la planificación de los recursos toda vez que aleja el centro de la toma de decisiones de los centros sanitarios y desprecia variables sociodemográficas y problemas de salud específicos de cada zona.

La “libre” elección de centros y profesionales da la clave del objetivo último de esta novedosa medida: introducir la competencia entre centros sanitarios públicos y privados. Es decir, dar más a los “mejores”. En base al nuevo modelo, los profesionales cobrarán incentivos variables sujetos a la productividad a partir de 2010, cobrando más aquellos que menos gastos produzcan. Es decir, aquellos que menos deriven a los especialistas, menos y más cortas bajas laborales autoricen y menos pruebas diagnósticas soliciten en perjuicio de la calidad y, sobre todo, de la seguridad de los vecinos.

El Gobierno regional pretende imponer un cambio de modelo sanitario por la vía del “decretazo”, sin someterlo a la consideración de los sindicatos, asociaciones de profesionales y organizaciones ciudadanas, pero éstas, como amenazaron ayer, no se lo van a poner fácil.