Al igual que José Manuel Rojas, que reside con su hijo en el número 81 de la avenida del Ensanche de Vallecas, recibieron hace unas semanas un burofax de Encasa Cibeles con la fecha de vencimiento de su contrato de arrendamiento y la invitación a formalizar la salida de su vivienda. En su caso, se trata del próximo 21 de marzo. Tras la carta, Rojas se puso en contacto con la compañía para tratar de buscar una salida pero esta le dejó claro que en su promoción no tienen previsto renovar a ninguna de las 47 familias que allí viven, la mayoría con un alquiler social. “La gente está muy angustiada: los hay que no pueden dormir, tienen miedo, sufren ataques de ansiedad…y muchos han metido toda su vida en cajas por si les desahucian y tienen que salir corriendo”, asegura el portavoz vecinal. Más allá de las comunicaciones formales, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), que agrupa a los damnificados por la operación inmobiliaria, denuncia que mediadores de Encasa Cibeles están visitando a familias para invitarles a abandonar sus hogares o para anunciarles que, si llegan a renovar sus contratos, estos serán mucho más caros. “Quieren que nos vayamos de nuestras viviendas para especular con ellas. Pero la inmensa mayoría tenemos previsto resistir, aguantaremos en ellas aunque finalicen nuestros contratos porque, entre otras cosas, no tenemos donde ir”, asegura José Manuel Rojas, camarero de 56 años que, como casi todos los vecinos de su bloque, se encuentra en paro. Actualmente vive con su hijo, también desempleado, y paga un alquiler de unos 360 euros mensuales, uno de los más altos de su portal, donde abundan los hogares en riesgo de exclusión, y que por ese motivo pagan arriendos más modestos. Es evidente que no son un buen negocio para los buitres inmobiliarios, que desde que adquirieron las viviendas sociales gracias a la operación del Gobierno regional del PP, no han cesado de moverse para que estas se vacíen y queden a su libre disposición.

Las casi 3.000 familias afectadas por la venta del IVIMA se sienten ultrajadas, estafadas y abandonadas por la Administración. “Cuando firmamos con el IVIMA la entrada en nuestras casas nos dijeron que si no causábamos problemas podíamos permanecer en ellas para siempre. Y cuando pasaron a manos de Encasa Cibeles que se iban a respetar las mismas condiciones. La gente ha arreglado sus viviendas, ha invertido dinero para mejorarlas, pero ahora, aunque siempre hemos pagado religiosamente y no tenemos deudas, nos quieren echar”, se queja con amargura Rojas, antes de preguntarse dónde queda para la Comunidad de Madrid el fin social de la vivienda.

El próximo sábado, 25 de febrero, esta pregunta resonará en los despachos de la Consejería de Justicia. Con el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), las y los afectados se concentrarán ante la sede de la Consejería a las 12:00 con objeto de reclamar su permanencia en sus viviendas en las mismas condiciones en las que ingresaron.

La del sábado es una más de las centenares de acciones que AVVI y la FRAVM han promovido en los últimos tres años en defensa de las víctimas de una de las operaciones más deleznables de la historia de nuestra región. Precisamente para blindar la vivienda pública y evitar este tipo de iniciativas, que transforman un derecho recogido en la Constitución en un negocio lucrativo, la FRAVM, junto a las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y la Asociación Libre de Abogados acaban de lanzar una Iniciativa Legislativa Popular por una ley urgente que garantice el derecho a la vivienda en la región.

Bloqueo de la causa penal

Recordemos que en la actualidad existe una comisión de la Asamblea de Madrid encargada de dilucidar las irregularidades de la operación de enajenación de las viviendas del IVIMA, y que el caso judicial, que precipitó la dimisión de Juan Van-Halen Rodríguez como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, se encuentra en el Juzgado de Instrucción Nº 48 de Madrid. Los afectados temen que esta causa penal se cierre en falso en verano, ya que entonces se cumplirán tres años del inicio de la instrucción y si el juzgado no consigue acumular la carga probatoria suficiente, deberá decretar el sobreseimiento. AVVI y la FRAVM denuncian las maniobras de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Hacienda destinadas a dilatar la instrucción, y su nula colaboración con la justicia. Mientras el Gobierno regional ha demorado todo lo que ha podido la entrega de documentación básica para el proceso, Hacienda hizo oídos sordos durante meses a la petición del instructor de designar peritos para valorar los inmuebles vendidos. Y cuando los designó, para indignación de los afectados, tenían relación con el fondo buitre que se hizo con el lote de viviendas. Además de esta causa penal, siguen abiertos cinco procesos contencioso administrativos (tres colectivos y dos individuales)