El texto completo de la iniciativa ha salido adelante gracias a los votos de los concejales de estas dos formaciones políticas. PP y Ciudadanos, por su parte, han votado en contra de la petición de reversión, sumándose únicamente a los puntos menos comprometedores de la resolución.
Detrás de esta se halla el empuje de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), que aplaude sin reservas la resolución del pleno, aunque le “hubiera gustado que se hubiera producido antes, pues el nuevo Gobierno municipal se constituyó hace casi dos años”. La entidad, que en el último mes se ha manifestado dos veces para demandar la citada reversión y exigir responsabilidades a la Comunidad de Madrid, resalta también la “actitud vergonzosa que ha tenido durante el debate el responsable del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, y su grupo, que “entre risas y chanzas” se ha limitado a usar el “y tu más” con el PSOE, sin tener en cuenta al grupo de afectados que presenciaba el pleno desde la tribuna”. “Esperamos que el PP regional, en la Asamblea de Madrid y en el Gobierno de la Comunidad atiendan la petición del Ayuntamiento de Madrid y se alejen de la actitud lamentable de la bancada popular municipal”, sostiene AVVI.
Tras una introducción en la que se subraya que 1.380 de las casas enajenadas en la operación de venta del IVIMA se encuentran en Madrid capital (en los distritos de Tetuán, Villa de Vallecas y Carabanchel), la proposición aprobada hoy recoge cinco puntos. Los dos primeros instan a la Comunidad de Madrid a realizar los máximos esfuerzos para asegurar el derecho a la vivienda de las personas afectadas por la compraventa y a asegurar el “acceso al parque de vivienda de especial necesidad a todos aquellos afectados que continúen cumpliendo los requisitos de adjudicación”. En el tercer punto, el Ayuntamiento solicita al Gobierno de Cifuentes que, “a través de los mecanismos oportunos de mediación con la empresa Encasa Cibeles, impida que ni una sola familia más sea expulsada de la vivienda de la que es adjudicataria”. Recordemos que centenares de familias afectadas por la operación han recibido en las últimas semanas cartas de esta compañía, su actual arrendadora, en las que les comunica que deben abandonar su vivienda ante la finalización de su contrato. Al término de diez años de relación contractual, el pasado 21 de marzo debía hacerlo un primer grupo, pero ninguno lo hizo. Nadie piensa hacerlo. Para denunciar estas amenazas de desahucio, AVVI, con el apoyo de la FRAVM, se manifestó el pasado sábado ante la sede del Ejecutivo de Cristina Cifuentes de la Puerta del Sol.
El cuarto punto de la proposición aprobada hoy insta a esta administración a “que inicie la reversión de la citada operación, en tanto que la misma ha sido declarada contraria a derecho y a los intereses generales de los madrileños por parte de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid (en Informe de Fiscalización aprobado por Acuerdo de su Consejo el 6 de noviembre de 2015)”. El texto también recuerda que el Defensor del Pueblo inició actuaciones contra la Comunidad de Madrid por la venta, preocupado “por el cambio radical de la condición de los arrendatarios, que pasaban de estar amparados por la norma jurídico-pública sobre viviendas de protección oficial a ser simplemente parte de un contrato de arrendamiento sometido a la Ley de Arrendamientos Urbanos”. La mayor parte de las familias afectadas tiene rentas muy modestas y se halla en situación de vulnerabilidad social.
Por último, el Ayuntamiento ha aprobado (punto 5) que su Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial “continúe asegurando el amparo y garantía del derecho a la vivienda de los vecinos y vecinas de la Ciudad de Madrid afectados por esta compraventa”, e insta al Gobierno regional a que “modifique el Reglamento de Viviendas con Protección Pública para impedir que se vuelva a enajenar vivienda pública en la Comunidad de Madrid” (punto 6).
Recordemos que en la actualidad existe una comisión de la Asamblea de Madrid encargada de dilucidar las irregularidades de la operación de enajenación de las viviendas del IVIMA, y que el caso judicial, que precipitó la dimisión de Juan Van-Halen Rodríguez como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, se encuentra en el Juzgado de Instrucción Nº 48 de Madrid. Los afectados temen que esta causa penal se cierre en falso en verano, ya que entonces se cumplirán tres años del inicio de la instrucción y si el juzgado no consigue acumular la carga probatoria suficiente, deberá decretar el sobreseimiento. AVVI y la FRAVM denuncian las maniobras de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Hacienda destinadas a dilatar la instrucción, y su nula colaboración con la justicia.
