Ambas entidades destacan que la normativa, rubricada con los votos de la mayoría representada por el PSOE e IU, persigue “fundamentalmente regularizar la situación de ilegalidad en que se encuentran las más de cien antenas existentes en el término municipal (..), que llevan funcionando con el conocimiento del Gobierno municipal desde su instalación”.

En un comunicado, los colectivos vecinales, que forman parte de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), replican unas declaraciones realizadas por el concejal de Urbanismo, José Manuel Vázquez, en las que sostenía que hasta ahora el Ayuntamiento no tenía un arma legal para controlar “este tipo de accesorios”. Pues bien, según las asociaciones, “siempre ha existido una normativa reguladora y jurídica que obligaba a las operadoras por la actividad que desarrollan, a solicitar los correspondientes permisos urbanísticos, autorizaciones, licencia de actividad, estudio del impacto medioambiental y otros al Ayuntamiento”. “Lo que ha pasado es que ustedes durante todo el tiempo que llevan gobernando han mirado hacia otro lado en todo lo que respecta a la instalación indiscriminada de antenas de telefonía móvil en nuestro municipio y sin ningún tipo de control. Eso sí, cogiéndoles ustedes a las operadoras ese dinero con el que también engatusan a las pobres comunidades de propietarios”, apostillan.

Los vecinos y vecinas subrayan también la contradicción existente en las palabras de Vázquez, que al mismo tiempo que declaraba que no hay datos que prueben la existencia de una relación directa entre las emisiones de las antenas de telefonía y las enfermedades, sostuvo que a partir de ahora se va a llevar un control muy exhaustivo de toda intensidad de las radiaciones que emiten las antenas. “¿Por qué quiere trasmitir tranquilidad a los vecinos de la calle Polvoranca y a otros que tanto han protestado, con la retirada de su antena, si ésta no perjudica”.

Vientos del Pueblo y Aires Nuevos recogen el malestar de una buena parte de los getafenses que residen en las proximidades de las instalaciones de telefonía móvil, animándoles a protestar para conseguir que el Ayuntamiento asuma una moratoria para la implantación de nuevas antenas. A este respecto, sugieren al concejal que se lea “las resoluciones del Parlamento Europeo del pasado 4 de septiembre de 2008 que su partido ha votado, sobre la Revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y salud 2004-2010 y la de 2 de abril de 2009 sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos”.

Estos textos están basados en más de 1.500 estudios científicos recogidos en el informe internacional Bionitiative Report, avalado a su vez por la Agencia Europea del Medio Ambiente. En ellos se alerta de los graves peligros para la salud y el medio ambiente que puede tener la exposición permanente a las emisiones procedentes de las antenas y otras redes y aparatos que emiten contaminación electromagnética (WIFI, WIMAX, Bluetooth, etc.).

Por último, las agrupaciones vecinales invitan al Ayuntamiento a que exija “a las diferentes administraciones que tienen competencias en este tema que se establezcan como un nivel de referencia mínimo para estas radiaciones 0,1uW/cm2, ya que es a partir de esta medida o superior cuando se empiezan a dar alteraciones celulares en las personas”.