El plan de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestacionesque el Gobierno aprobó por decreto el pasado año tiene gravísimas consecuencias en nuestra región: el cierre del Instituto Cardiológico, que no tenía lista de espera y era un referente en investigación; se privatizan 26 categorías no sanitarias, imprescindibles para la función integral de los hospitales; se privatizan, por decreto-ley, 6 hospitales (Infanta Leonor, Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes, Infanta Cristina de Parla, Hospital del Henares, en Coslada, el del Sureste, situado en Arganda y del Tajo, ubicado en Aranjuez; se transformará el hospital La Princesa en un geriátrico y el Carlos III en un hospital de media y larga estancia; se privatizarán, asimismo, 27 centros de salud, el 10% del total; se concentran los laboratorios públicos, condenados al hacinamiento en cuatro hospitales; desmantelarán la lavandería central y destrozarán, en la práctica, la investigación poniendo en riesgo la docencia y el avance en la Medicina.
La “receta” ideada por el Gobierno autonómico ha puesto en pie de guerra a usuarios y profesionales, que salieron de forma masiva a la calle el pasado 17 de marzo a iniciativa de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública para recordar que la ciudadanía rechaza el cambio “unilateral y antidemocrático” del cambio del Sistema de Salud, un cambio que ningún responsable político ha justificado con argumento alguno. “De sus bocas –se lee en el manifiesto leído al final de la manifestación –no han salido más que atropelladas mentiras para montar el chiringuito sanitario en beneficio de los especuladores, cada vez más conocido y rechazado”.
Las organizaciones que forman parte de la Mesa advierten que las referidas decisiones políticas “podan de raíz el derecho básico de protección de la vida de las personas que tienen la obligación de proteger”, en alusión a las personas migrantes sin permiso de residencia, a quienes se niega el derecho sanitario y solo les reconocen asistencia en casos de urgencia cuando se trata de mujeres embarazadas o niños y a los parados de larga duración que no cobran prestación.
Las organizaciones convocantes subrayaron que el problema es “su modelo político” y no “el exceso de gasto en sanidad”, un modelo que “prima el obsceno máximo beneficio sin control a costa incluso de la vida”. “Tienen ustedes –remacharon– el poder de decretar también contra el delito de fraude fiscal y no lo hacen. El de decretar para una fiscalidad progresiva y justa y no lo hacen”.
Todos los presentes pusieron de manifiesto que, tal y como advirtieron los portavoces de la Mesa, “las madrileñas y los madrileños no vamos a ser sus cómplices” y “no nos van a vencer”, “mucho menos cuando el nivel de riesgo de exclusión aumenta día a día estando ya en el 27 % de la población”.
Por todo ello, exigieron la retirada del “mal llamado plan de sostenibilidad, lleno de mentiras irreverentes”, la derogación de la ley 15/97 y, en definitiva, el respecto de los derechos humanos y la defensa de la vida de las personas frente a su conversión en meras mercancías.
Foto: Ángel Moreno. Imagen en Acción.
