La presidenta del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció el 16 de septiembre de 2008 la privatización del 49% del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua de Madrid desde hace más de 150 años. La privatización se acordó sin el preceptivo debate parlamentario y se aprobó hurtando la participación de los partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, la ya conocida ley escoba.
Desde entonces, el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre ha actuado con la misma opacidad en el proceso de capitalización puesto en marcha, que podrá implicar la enajenación de hasta un máximo del 49% del capital de la sociedad a operadores económicos y ciudadanos, una actuación inadmisible toda vez que el agua potable y el saneamiento básico no constituyen una mercancía, sino un derecho humano esencial, tal como estableció la Asamblea General de Naciones Unidas el 28 de julio de 2010.
En los últimos meses el presidente del Canal de Isabel II y número dos del Gobierno regional, Ignacio González, ha mantenido reuniones con alcaldes de la región sin luz ni taquígrafos para avanzar en la firma de convenios que consoliden la privatización.
Otros, por el contrario, como Fuenlabrada, Leganés, Getafe, San Fernando de Henares, Rivas-Vaciamadrid, Coslada y Colmenarejo, que suman más de 766.000 habitantes, han aprobado sendas mociones contra la privatización de la empresa pública sobre la consideración de que cualquier decisión que afecte al Canal debe hacerse con pleno conocimiento y consentimiento de la población.
También la ciudadanía se ha movilizado, a través de las asambleas populares de barrio y pueblo del movimiento 15-M y de las organizaciones que forman parte de la Plataforma organizando asambleas informativas y una recogida de firmas que ha logrado recabar más de 34.000 rúbricas, a las que hay que sumar otras 9.200 electrónicas.
La plataforma advierte que otras ciudades como Berlín, Roma o Buenos Aires, que privatizaron la gestión del agua, tratan ahora de recuperar su control público tras sufrir sus consecuencias: incremento de las tarifas, disminución de la calidad del agua y empeoramiento del servicio. Esto es lo que le espera a la ciudadanía madrileña si el Gobierno regional logra culminar la privatización. Aprendamos del ejemplo de París, que tras el deterioro del servicio que se produjo tras liberalizar su agua, decidió no renovar la concesión a las empresas que lo gestionaban y creó Eau de Paris, una empresa 100% pública.
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