El sol caía a plomo en la plaza de Callao, pero el calor no amedrentó al más de medio millar de personas que, poco a poco, fueron llegando para participar en la asamblea ciudadana convocada por la FRAVM y de la ADSPM en defensa de una sanidad 100×100 pública y de calidad. Ambas organizaciones quisieron así despedir un curso que, como recordó el presidente de la Federación vecinal, Nacho Murgui, ‘ha sido intenso en movilizaciones, dando muestra de que la ciudadanía madrileña no va a permitir que el Gobierno regional desmantele los servicios públicos que, en su día, conquistaron las vecinas y vecinos con su lucha para garantizar la materialización de los derechos de ciudadanía’.
En el acto, tomaron la palabra los presidentes de las entidades convocantes, Marciano Sánchez Bayle y Nacho Murgui, el responsable de la comisión de Sanidad de la Federación vecinal, Pepe Cabanillas, un representante de los trabajadores del centro de especialidades de Pontones y Ángel Cuéllar, de la plataforma en defensa del hospital Puerta de Hierro. Todos ellos llamaron la atención sobre el peligro que representa la privatización de la sanidad pública que ha emprendido en la Comunidad de Madrid el Gobierno de Esperanza Aguirre que, como recordaron, ‘comenzó en los nuevos hospitales, se extendió al centro de especialidades de Pontones y pronto alcanzará a los centros de salud’. Pronto, advirtieron, ‘los ciudadanos se verán obligados a pagar para poder utilizar los centros asistenciales y, a la postre, una parte de la población, la más pobre y la más enferma, se verá excluida del sistema sanitario’. Por tanto, insistieron en la necesidad de dar continuidad a las movilizaciones en defensa de la sanidad pública, ‘extendiéndola en nuestros barrios, pueblos y centros de trabajo’.
La FRAVM y la ADSPM exigieron al Gobierno regional que ‘todos los centros sanitarios de la región sean 100X100 públicos en la gestión y provisión; que desarrolle, con la participación de vecinos y profesionales, un Plan Integral de Salud que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía; la creación del Consejo de Salud de la Comunidad de Madrid y que dote a la red sanitaria pública de los suficientes recursos materiales y humanos, asegurando que en nuestra región haya un centro de salud público de referencia para cada 25.000 habitantes; un médico de familia por cada 1.200 habitantes y un pediatra por cada 850 niños menores de 14 años, así como una red hospitalaria que garantice un mínimo de 3,5 camas públicas por cada 1.000 habitantes, entre otras medidas’.
El ex jefe del servicio de urgencias del hospital Severo Ochoa, el doctor Luis Montes, fue el encargado de leer el manifiesto elaborado por las organizaciones convocantes, que alertaron de que el Gobierno de Esperanza Aguirre sólo ha dado los primeros pasos de una privatización que responde a ‘la estrategia de avanzar de manera lenta y continuada hasta conseguir que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagársela, dejando para los demás un modelo similar a la antigua beneficencia’. El acto finalizó con un llamamiento para que la ciudadanía se movilice para evitar que la Sanidad Pública se convierta en un negocio en el que unos pocos se beneficien a costa de la salud de todos’.
