La jueza Josefa Bustos ha tomado esta decisión tras considerar una denuncia presentada el pasado 9 de julio ante la Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid por el abogado de la FRAVM y de la Plataforma Vecinal Usera-Villaverde contra la constructora Pavasal, el promotor del proyecto BNP Paribas Real Estate y el Ayuntamiento de Madrid como entidad responsable de las licencias administrativas.
La federación vecinal y las asociaciones vecinales de Orcasur y Guetaria (Usera) y Los Hogares, La Incolora, San Nicolás y La Morada (Villaverde), que hoy se felicitan por la apertura del contencioso en el ámbito penal, decidieron llevar el caso ante el Ministerio Público después de advertir durante meses que Pavasal seguía ejecutando las obras de la planta logística a pesar de que el proyecto carecía de plan de movilidad y el Ayuntamiento no había aprobado el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos (PECAU) que el pleno municipal del 27 de marzo de 2019 estableció como requisito previo a la concesión de cualquier licencia de edificación o de actividad. Tal y como sostienen en su escrito los colectivos ciudadanos, este hecho, que sigue sin ser enmendado, podría “conllevar un delito de prevaricación y/o de prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio y el urbanismo”, una posibilidad que ahora también ve la jueza.
Desde que tuvieron conocimiento de que BNP Paribas pretendía construir la plataforma de distribución de última milla más grande de Madrid en la parcela que se encuentra en el número 104 de la calle Eduardo Barreiros las asociaciones vecinales de Usera y Villaverde alertaron de las enormes molestias que su actividad puede provocar en los barrios circundantes, que se identifican con San Luciano, Ciudad de los Ángeles, Euskalduna, San Nicolás, Arechavaleta, Cruce, Nueva Esperanza, Litos, Villaverde Alto, Orcasur, Meseta y Poblado Dirigido de Orcasitas, San Fermín, El Espinillo y Villaverde Bajo. Las operaciones “de 2.000 vehículos diarios, entre camiones pesados y furgonetas conllevarían una grave incidencia sobre el medio ambiente y sobre la salud del vecindario”, al generar “niveles inaceptables de ruido, polución y tráfico y, por lo tanto, afecciones en la salud”, indican en la denuncia presentada ante la Fiscalía.
Hay que destacar que el proyecto, a pesar de llevar el nombre de PALM-40, carece de acceso directo a la autovía de circunvalación M-40, lo que obligará a los camiones y furgonetas de reparto a utilizar las calles de estos barrios, provocando no solo un aumento de la contaminación atmosférica y acústica sino también severos problemas de movilidad en el entorno.
En su denuncia, los grupos vecinales, que antes de la pandemia de la Covid-19 protagonizaron numerosas manifestaciones y concentraciones de protesta ante la parcela de la calle Eduardo Barreiros donde Pavasal ejecuta las obras, solicitan que se depuren las responsabilidades no solo de esta empresa y de la entidad promotora, BNP Paribas, sino también de “quienes aparecen autorizando las meritadas obras de construcción, Don Daniel Fernández Martínez, Jefe de la Unidad de Resoluciones, y la propia Gerente de la Agencia de Actividades, Doña Myriam Peón González”.
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