La Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM), integrada por casi un centenar de entidades del Estado español denuncia, con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, la irresponsable gestión del Ejecutivo español del control de las emisiones electromagnéticas, regulada por el Real Decreto 1066/2001, que establece la protección del dominio público radioeléctrico, las restricciones a las emisiones radioeléctricas y las medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
A juicio de PECCEM, la legislación estatal española responde a los intereses de las operadoras de telecomunicaciones por cuanto no respeta las limitaciones recomendadas por numerosos estudios científicos y por el propio Parlamento Europeo, que en una resolución aprobada el 2 de abril de 2009, insta a una drástica revisión a la baja de los límites legales y a adoptar medidas de protección basadas en unas distancias mínimas de seguridad que garanticen la salud de las personas. “En España se permite que las antenas de telefonía móvil emitan a 450 microvatios/cm2, es decir, 4.500 veces por encima del límite máximo recomendado por el Parlamento Europeo, que fija un valor recomendado de 0,2 microvatios/cm2 para garantizar la salud de las personas, en especial, de las más sensibles”, señala Yolanda Barbazán, portavoz de PECCEM.
“A pesar de nuestras reiteradas peticiones dirigidas a los ministerios de Industria y Sanidad, el Gobierno español se niega a modificar la legislación vigente –señala Barbazán–. Es significativo –añade– que haya, al menos, 350 ordenanzas municipales, como la de Leganés, más garantistas que la del propio Gobierno, que parece únicamente interesado en garantizar el acceso a las comunicaciones aunque sea a costa de la caótica proliferación de estaciones base de telefonía móvil, sistemas Wi-Fi, Wi-Max…, cuya actividad comporta un serio riesgo para la salud de las personas”. Por todo ello, PECCEM pide al Gobierno:
– Modificación de la legislación española de acuerdo a la recomendación del Parlamento Europeo del 2 de abril de 2009 sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos.– Reconocimiento, siguiendo el ejemplo de Suecia, de la electrosensibilidad como causa de baja laboral. – Estudio de localizaciones alternativas para la ubicación de estaciones base y minimización de los impactos sanitarios, ambientales y paisajísticos tanto en medio urbano como rural.– Moratoria en el despliegue de las redes UMTS y sistemas inalámbricos (WiFi, WiMax, etc).– Establecimiento de un mapa radioeléctrico urbano que refleje el conjunto de emisiones radioeléctricas que esté a disposición de los ciudadanos. – Creación de una comisión interministerial que coordine el despliegue de redes con criterios de prevención de la salud pública, con participación de las organizaciones de afectados y organizaciones medioambientales.
