En su escrito, el tribunal resuelve que “al haberse anulado la ampliación del SER, es obvio que la infracción que se imputaba a la recurrente ha quedado vacía de contenido”, para concluir que “debe estimarse el presente recurso, anulándose la sanción impuesta a la recurrente, devolviéndose a la misma el importe de la suma pagada de 90 euros más los intereses legales de dicha suma desde la fecha de su pago”. El juzgado hace referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2008 que dejó sin efecto el decreto municipal por el que se ampliaron en 2006 los parquímetros más allá del centro de la capital.
La multa que ahora ha sido anulada se produjo en febrero de 2007 en el casco histórico de Carabanchel Alto, una zona que, junto a otros barrios de los distritos de Arganzuela, Chamartín, Tetuán, Retiro, Fuencarral y Hortaleza, forma parte de la citada extensión del SER.
Según la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, la nueva sentencia “abre la puerta al archivo o, en su caso, devolución de lo ingresado, de los centenares o miles de recursos que están pendientes de resolución, tanto en vía administrativa como judicial, relativas a las zonas cuya ampliación es ilegal”. Por ello, con el resto de colectivos antiparquímetros de la capital, exigen al Ayuntamiento que “anule de oficio todas las sanciones tramitadas, y devuelva las cantidades recaudadas indebidamente en estos barrios, pues se trata de un cobro manifiestamente ilegal. Es injusto que los ciudadanos se vean obligados a costearse un abogado para que el Ayuntamiento les devuelva un dinero recaudado ilegalmente. Los tribunales deberían exigírselo”, concluye en un comunicado.
Las entidades ciudadanas, que el 4 de marzo celebraron cuatro años de lucha contra el SER municipal, además de denunciar que el Consistorio ha ingresado en este tiempo “de forma indebida” 241,1 millones de euros con la amplicación de este “servicio”, exigen “la retirada inmediata de los parquímetros de los barrios en los que han sido claramente rechazados, la negociación con los vecinos de otros barrios afectados por la sentencia, para el posible mantenimiento o no de la zona SER”, así como “la revisión, a la luz de estas circunstancias, de los contratos firmados con las empresas concesionarias en 2006, y que han quedado sin validez”. De igual manera reclaman “la compensación por los perjuicios ocasionados a los pequeños comerciantes de las zonas periféricas y a los vecinos represaliados e injustamente vigilados” y animan a todos los vecinos afectados “a reclamar la devolución de las cantidades ilegalmente recaudadas por el Ayuntamiento, y a los madrileños a que exijan responsabilidades a los dirigentes municipales por el despilfarro en las arcas públicas que está significando esta imposición”.
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