La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II ha impulsado la presentación desde los ayuntamientos de una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) contra la privatización del Canal, reuniéndose con alcaldes, concejales y representantes de partidos políticos con presencia en en los ayuntamientos de la región (PSOE, IU y UDyP) para avanzar en este objetivo.

La ILM es un instrumento de participación municipal recogido en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid por el que los ayuntamientos pueden plantear modificaciones legales que se deben debatir y votar en la Asamblea de Madrid. Para que una ILM pueda llevarse a cabo deben plantearla al menos tres ayuntamientos con un mínimo de 50.000 electores entre los tres.

A fecha de hoy, siete ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que suman cerca de 400.000 electores han aprobado en sus respectivos plenos una ILM para pedir la derogación de los artículos 16 y 17 de la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas, por los que se privatiza el Canal de Isabel II.

En la tabla siguiente se recogen los ayuntamientos que han aprobado la presentación de la ILM, su población (censo de 2010) y los grupos municipales que la han apoyado, destacando que en tres ayuntamientos donde gobierna el PP en minoría, Leganés, Coslada y Colmenarejo, se ha aprobado la ILM gracias a que a los votos de PSOE e IU se han sumado otras candidaturas.

Ayuntamientos

Número de habitantes

Grupos municipales que han apoyado la ILM

San Fernando de Henares

41.384

IU, PSOE

Leganés

187.227

PSOE, IU, Unión por Leganés

Fuenlabrada

210.015

PSOE, IU, UPyD

Rivas-Vaciamadrid

70.840

IU, PSOE, Centristas de Rivas

Getafe

169.130

PSOE, IU, UPyD

Coslada

91.218

PSOE, IU, UPyD, ARCO

Colmenarejo

8.525

PSOE, IU, VICO, Alternativa por Colmenarejo

778.339

El próximo 19 de diciembre los ayuntamientos harán entrega de la petición de la ILM a la Mesa de la Asamblea de Madrid, órgano competente para tramitar la iniciativa y decidir la fecha en que se realizará el pleno extraordinario en el que se debatirá y votará.

La iniciativa de promover una iniciativa legislativa municipal parte de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II* para evitar que la constitución de una sociedad anónima con el 49% del capital del Canal en manos privadas se traduzca en el empeoramiento del servicio, el incremento de las tarifas, la pérdida de control del servicio por parte de la administración competente y en un trasvase de los actuales beneficios al sector privado, como ya ha ocurrido en París, Berlín, Roma o Buenos Aires. El periodo de vigencia de 50 años adoptado para la sociedad anónima dificultará además la posibilidad de revertir el proceso de privatización, aunque los resultados sean negativos.

El argumento esgrimido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la necesidad de financiar “cuantiosas inversiones” evaluadas por el gerente del Canal en unos 1.700 millones de euros a lo largo de los próximos seis años puede hacerse, a juicio de la Plataforma, a través de los presupuestos ordinarios de inversión (350-450 millones de euros al año); con cargo a los propios beneficios del CYII, que oscilan entre 100 y 150 millones de euros anuales o a la financiación estatal derivada del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración (2007-2015) o, en última instancia, recurriendo a financiación externa.

Además de la ausencia de razones objetivas que justifiquen la privatización, la Plataforma denuncia la opacidad que ha caracterizado el proceso. Aún hoy y, a pesar de las peticiones de información trasladadas por los grupos parlamentarios a la Asamblea de Madrid y por los representantes de los trabajadores al Consejo de Administración del CYII se desconoce el modelo de sociedad que se va a adoptar, su valor patrimonial, su capital social, sus competencias, el porcentaje real del accionariado privado y el sistema de relación con los ayuntamientos y usuarios.

A la falta de transparencia informativa se suman unos plazos que impiden el necesario debate en el seno de los ayuntamientos. Estos tienen de plazo hasta el 31 de diciembre para decidir si avalan el nuevo modelo de gestión. El Canal ofrece a cambio de la cesión de las redes municipales de abastecimiento y saneamiento una participación en el accionariado de la nueva sociedad anónima hasta un máximo del 19% de su capital social en función de la población del municipio. Estos podrán, a su vez, vender al sector privado hasta el 70% de su participación.

A juicio de la Plataforma, las exigencias que plantean los convenios que ofrece el Canal perjudican en muchos casos los intereses municipales y su articulado contiene algunas disposiciones de dudosa legalidad:

La Comunidad exige a los ayuntamientos que gestionan los servicios de alcantarillado que los cedan a la nueva sociedad a cambio de un pago único de 60 euros por habitante a pagar en 2012. En muchos casos, esta cuantía no compensa las partidas que reciben actualmente del Canal los ayuntamientos por la utilización de sus redes municipales. En otras palabras, los ayuntamientos perderán dinero.

El Canal advierte a los ayuntamientos que no se incorporen al nuevo modelo de gestión que podría reclamar los ingresos obtenidos por la cesión de los servicios de alcantarillado y por las inversiones no amortizadas realizadas por el Canal en su red. Para ello, sin embargo, el Canal debería revocar el actual convenio sin causa justificada, permitiendo a los ayuntamientos reclamar indemnizaciones por los perjuicios causados. En todo caso conviene revisar las cláusulas de revisión de los actuales convenios.

Por último, la Comunidad de Madrid sigue sin clarificar si la venta de acciones por parte de los ayuntamientos puede afectar a la parte que, por ley, debería seguir siendo pública: el 51%. De no ser así, se permitiría privatizar hasta el 62% de la sociedad, cediendo su control a empresas privadas.