El pasado mes de diciembre, la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) notificó a cinco familias adjudicatarias de vivienda social del barrio de San Fermín, en el distrito de Usera, que había solicitado al juzgado su desahucio por impago del alquiler.
El primero de los desahucios estaba programado para el lunes 12 de enero y afecta a una familia con todos sus miembros en paro: Lola, Alfonso, cinco hijos mayores de edad y dos nietos de 4 y 2 años de edad.
La familia, que vivía en un camión, fue realojada por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) en una vivienda de especial necesidad en una promoción pública ubicada en la calle Oligisto, en el barrio de San Fermín por la cual pagaban unos 400 euros. Agotadas las prestaciones por desempleo, la familia apenas subsiste con la Renta Mínima de Inserción (RMI) que cobra Lola y no pudo seguir haciendo frente al alquiler. La EMVS “conminó” a Alfonso a firmar un plan de pago de la deuda acumulada que elevaba la renta a 510 euros, una cuantía que tampoco podían afrontar.
En todo este tiempo, la empresa municipal no revisó los contratos de alquiler, como estaba establecido, para ajustar los términos del contrato a las condiciones económicas familiares.
La deuda acumulada asciende, en la actualidad, a unos 15.000 euros.
El jueves 8 de enero, la familia, vecinos de San Fermín y activistas del movimiento vecinal, de la Asamblea del 15M de Usera, de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Madrid y de la Plataforma de Afectados por la Venta de Viviendas Sociales de Madrid (PAVPS), acompañados por representantes de IU, Podemos y PSOE se concentraron ante la sede de la empresa municipal para solicitar la paralización del desahucio.
Responsables de la EMVS accedieron a reunirse con la familia y con representantes de IU y PSOE (Maria del Prado de la Mata y Pedro Zerolo, respectivamente), a quienes han asegurado que el desahucio estaba suspendido. Apenas unas horas después llamaban a Lola para advertirle que seguía en pie.
Todos ellos volvieron el viernes 9. Tras una nueva reunión, lograron que la EMVS suspendiera el desahucio a cambio de que la familia firmara un escrito en el que expresan su compromiso de cumplir lo que la ley de arrendamientos urbanos establece acerca de sus obligaciones con la EMVS y con la convivencia con la vecindad en su conjunto.
El grupo de vivienda de la AV San Fermín subraya que la paralización es ‘una consecuencia de la firmeza en la presión de todos los que hemos apoyado a la familia’ pero insiste en que este asunto debe concluir con la retirada definitiva de la demanda por parte de la EMVS ante el juzgado.
La lucha, por tanto, continúa, para frenar definitivamente este desahucio y el de las otras cuatro familias cuyo lanzamiento ha ordenado la EMVS.
