La presión de unos antidemocráticos, oscuros y escondidos mercados ha dictado y logrado, otra vez, que el Gobierno español apruebe medidas contrarias a los intereses de las clases populares. Lejos de incrementar la presión fiscal, hasta igualarla a la media de la UE, mediante la recuperación de los impuestos sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones, el incremento del gravamen sobre las rentas más altas en el IRPF, la persecución de los refugios fiscales (SICAV, paraísos…), la lucha contra el fraude y la economía sumergida, la creación de nuevos impuestos sobre la banca y las transacciones financieras internacionales…, el Ejecutivo central ha promovido la enésima reducción de los ingresos tributarios provenientes del impuesto sobre los beneficios de las empresas.

Suma a ello la supresión, a partir del mes de febrero, del subsidio de desempleo de 426 euros a las personas en situación de paro que hayan agotado la prestación.

A juicio de la FRAVM, esta es una de las medidas más antisociales que se ha adoptado en nuestro país en los últimos años toda vez que golpea justo a los más desfavorecidos (parados y paradas de larga duración en familias sin o con muy bajos ingresos) en un momento en que, dada la difícil coyuntura económica, debería prorrogarse sumando a este recurso la creación de una Renta Activa de Inserción digna de tal nombre.

El Gobierno ha apostado, asimismo, por una nueva regulación de las agencias privadas de colocación que preludia la muerte definitiva de unos servicios públicos de empleo más necesarios que nunca. Para la Federación vecinal, si el INEM (ahora SPE) es ineficaz, el Ejecutivo debería tomar las medidas oportunas para que cumpla de manera satisfactoria sus funciones de intermediación y de gestor de las políticas activas de empleo. Convertir estas funciones en un negocio privado no es la solución.

Tampoco favorece a la ciudadanía ni constituye una solución a la crisis siquiera parcial la privatización parcial de AENA y de la gestión de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. La experiencia de otros países demuestra que los servicios públicos no deben ser mercantilizados y que la vieja receta de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas sólo ofrece “pan para hoy, hambre para mañana”. Luego se dirá que hay que reducir el gasto público.

La FRAVM rechaza también la anunciada reforma de la regulación de las pensiones al margen del diálogo social. Una reforma que no es otra cosa que un severo recorte de los derechos sociales conquistados por la lucha de la ciudadanía. Una lucha que, de no reactivar, cederá el paso al retraso de la edad de jubilación y a la ampliación de los periodos mínimos y del computo del importe de la prestación. En definitiva, a la merma de derechos y a la pérdida de nuestra capacidad adquisitiva.

Es el momento, por tanto, de poner de manifiesto nuestra oposición a la reforma laboral, a la congelación de las pensiones, al retraso de la edad de jubilación y nuestra firme determinación de recuperar el salario y las prestaciones para aquellas personas que, queriendo, no pueden trabajar. Las movilizaciones convocadas para los próximos días 15 y 18 de diciembre por CCOO y UGT.

Foto: CCOO Madrid.