La última reforma de la Ley de Extranjería, aprobada en diciembre de 2009, estableció un plazo de seis meses para la aprobación de un reglamento de ejecución de dicha Ley, así como para la regulación de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Casi un año después seguimos sin contar con estos desarrollos reglamentarios, que se están elaborando en un ambiente de secretismo y ausencia de participación ciudadana sin precedentes en el ámbito de la extranjería. “Hasta el pasado martes, la única información de la que disponíamos sobre el contenido del Reglamento de Extranjería se basaba en meros rumores y alguna declaración pública de nuestros representantes políticos. Parece que existen borradores, pero nadie los ha visto. Sobre el Reglamento de los CIE ni siquiera hay rumores, la opacidad es absoluta. En declaraciones realizadas por el Ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ante la Comisión Parlamentaria del ramo, aparte de señalar que no habrá texto hasta el primer trimestre del 2011, señaló que este se encuentra en un estado muy avanzado de elaboración y en fase de diálogo social, y que su departamento daría prioridad al consenso aunque ello pueda demorar ligeramente su aprobación”, ha afirmado esta mañana Javier Ramírez, de SOS Racismo, una de las organizaciones de la Red por el Derecho a Tener Derechos, promotora del acto celebrado en la FRAVM.

La indefensión legal y la arbitrariedad a la que se ven sometidas las personas internadas en los CIE radican precisamente en la inexistencia de una norma que regule estos centros. “Hoy por hoy la regulación de los CIE depende de la dirección de cada centro y hay una absoluta falta de transparencia informativa”, ha asegurado Ramírez. Mauricio Aravena, de la ONG Pueblos Unidos, por su parte, ha denunciado que aunque la Ley de Extranjería indica que las organizaciones de apoyo a las personas migrantes tienen derecho a visitar a los internos de los CIE, actualmente “las ONG no podemos entrar en los CIE salvo en horario reservado a las visitas familiares, de tal forma que si lo hacemos privamos a las familias de su visita diaria”.

Las asociaciones de la Red cuentan con una dilatada experiencia en el asesoramiento y orientación jurídica a la población migrante, y están constatando en la realidad diaria unas prácticas abusivas por parte de la Administración que inducen a pensar que no existe la voluntad política para elaborar un reglamento que subsane las deficiencias existentes y promueva la integración social del colectivo inmigrante. “El reglamento es una excelente oportunidad para poner fin a la arbitrariedad de aplicación de la ley”, ha remachado Aravena.

La situación de desempleo de muchos ciudadanos y ciudadanas extranjeros está impidiéndoles renovar su autorización de residencia y trabajo dando lugar al fenómeno de la irregularidad sobrevenida. Además, la red ha identificado nuevos obstáculos y trabas para la regularización por la vía del arraigo que no hacen sino desvirtuar esta figura y promover la exclusión social de miles de ciudadanos extranjeros con derecho a regularizar su situación administrativa. “Cada vez se solicitan más documentos a la empresa que realiza el contrato de trabajo (cartera de clientes, cifra de negocios, futuros trabajos de la empresa). En el caso de solicitudes de servicio doméstico la cuantía de los ingresos exigidos a los empleadores resulta desconocida por cuanto no se encuentra regulada, dejando su valoración a criterios arbitrarios que provocan que esta cuantía sea exageradamente elevada, y se deniegan automáticamente las solicitudes de servicio doméstico en régimen discontinuo (trabajar para varias familias empleadoras) cuando se estaban aprobando hasta hace unos meses y no ha habido ningún cambio legal que lo justifique”, afirman desde Pueblos Unidos.

Se está vulnerando el derecho a la vida en familia de la población migrante con el endurecimiento de las exigencias para la reagrupación familiar y la denegación de estos visados en los países de origen en base a criterios totalmente arbitrarios y que no están recogidos en ninguna norma de rango legal. “Se está convirtiendo prácticamente en un derecho para ricos, están pidiendo unos ingresos anuales de una cuantía exagerada de euros para poder reagrupar”, ha añadido el representante de SOS Racismo.

Por otro lado, siguen practicándose redadas y detenciones de inmigrantes sin cobertura legal y basadas en criterios raciales, prácticas cuestionadas desde varias instituciones del Estado, y se continúa primando en todo caso la expulsión sobre la multa administrativa, vulnerando el principio de proporcionalidad exigido en la Ley de Extranjería. En el propio procedimiento sancionador, se recurre mayoritariamente al procedimiento preferente en lugar del ordinario, que es el que se debe aplicar con carácter general conforme a la ley, ha explicado Gilberto Torres, de la Federacion Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados.

El Reglamento es una oportunidad para acabar con la inseguridad jurídica que caracteriza al Derecho de Extranjería, y en ningún caso puede convertirse en un instrumento que dé cobertura legal a estas prácticas restrictivas y arbitrarias de la Administración, que no hacen más que limitar o vulnerar aún más los derechos fundamentales de la población migrante, sostiene en definitiva la Red por el Derecho a Tener Derechos. Y por ello, en virtud del diálogo social al que hace referencia el Ministro, ha indicado, le pedirá hoy por carta participar de manera activa en el proceso de elaboración, tanto del Reglamento de Extranjería como en el de los CIE, y que estos textos legales sean fruto del “consenso” entre el Gobierno y las organizaciones sociales que conocen la realidad de la población migrante, “un consenso que para nosotras y nosotros se busca en una sociedad civil plural y variada”, ha concluido. La petición ha sido promovida hasta el momento por las entidades CEDEHU, CGT, centro pastoral San Carlos Borromeo, Economistas sin Fronteras, FERINE, Ferrocarril Clandestino, FRAVM, Inmigrapenal, Programa Abriendo Mundos, SOS Racismo Madrid y Pueblos Unidos.