Ante el final de la mayor parte de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, que se pusieron en marcha para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y los efectos de la sequía, organizaciones y colectivos que impulsaron la manifestación por el derecho a la vivienda del 13 de octubre en Madrid han solicitado esta mañana a los grupos parlamentarios no solo que sean prorrogadas sino también su ampliación.
Una delegación de la llamada Plataforma Hábitat24, que integra a unos 40 colectivos de la Comunidad de Madrid que impulsaron la marcha del 13O, ha registrado en el Congreso de los Diputados un escrito en el que, además de realizar esta petición, solicitan una reunión para poder exponer las razones de esta prórroga y abordar tres cuestiones relacionadas con el acceso a la vivienda, el problema más acuciante de nuestro tiempo. “Creemos que es imprescindible abordar una evaluación de los resultados y limitaciones de la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, ya que no está teniendo el impacto pretendido y que el derecho anunciado en el título de la misma se ha quedado en una mera entelequia. A nuestro juicio, es necesario abordar cambios en profundidad en la misma, entre otras un control efectivo del precio del alquiler, para que realmente pueda tener el impacto social de convertir a la vivienda en un derecho ciudadano y no en un bien cosificable sujeto a las reglas de mercado”, puede leerse en el documento registrado esta mañana.
La segunda cuestión tiene que ver el grave problema del corte de suministro energético en la Cañada Real. “De acuerdo con la reciente resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, se hace imprescindible abordar urgentemente la situación en la Cañada Real para el restablecimiento del suministro eléctrico y así revertir la vulneración de derechos humanos que se prolonga en el tiempo , ante la completa inacción de la Comunidad de Madrid y las insuficientes medidas del resto de administraciones afectadas”, indican los colectivos sociales en su carta.
En tercer y último lugar, estos grupos proponen abordar con los diputados y diputadas su “honda preocupación” y “posición muy crítica respecto al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, dado que elimina muchas de las garantías de actuación de la sociedad civil y ahonda en la caduca consideración del suelo como un recurso económico”.
Las siguientes organizaciones y colectivos firman el escrito registrado esta mañana en el Parlamento, texto que adjuntamos:
Asociación Apoyo, Plataforma de Afectados/as por la L7B de Metro en San Fernando de Henares, No al Pelotazo en la Ermita del Santo, AV Pasillo Verde-Imperial, Otra Boadilla, PAH Leganés, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, Greenpeace, Amigas de la Tierra, Marea Naranja Madrid, Casa de la Cultura y la Participación de Chamberí, Club de Debates Urbanos, Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y la Ciudad, Fridays For Future, Mesa del Árbol de Carabanchel, Ideas en Guerra, Recortes Cero, AV Zarzaquemada de Leganés, Plataforma por el Derecho a la Ciudad, MATS, Salvemos Montegancedo de Pozuelo. Plataforma por el derecho a la vivienda en Madrid: Amnistía Internacional, ATTAC Madrid, CAES, CCOO de Madrid, Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), Plataformas de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Usera y Arganda-Rivas, Cuarto Mundo, Foro Servicios Sociales, FRAVM, Fundación San Martín de Porres, Plataforma cívica por el derecho a la luz en Cañada Real, UGT Madrid y FACUA.