La normativa del Parque Regional del Sureste establece que desde febrero de 2004 debería haber cesado la actividad de las explotaciones de áridos (graveras y plantas de tratamiento) en las zonas más sensibles del Parque Regional del Sureste. A día de hoy, sin embargo, siete instalaciones siguen funcionando en zonas prohibidas situadas en la ribera del río Jarama: Peñalver, en San Fernando de Henares; Tramsa, en Arganda del Rey; Aripresa en Rivas-Vaciamadrid; Maresa en San Martín de la Vega; y Ampliación Aricusa, Gravera del Jarama y Gravera de los Ángeles, estas tres ubicadas en Ciempozuelos.

Desde hace dos años, las asociaciones vecinales y ecologistas del ámbito del parque han solicitado en repetidas ocasiones la retirada de estas explotaciones por incurrir en una manifiesta ilegalidad, una petición que no ha recibido siquiera contestación por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. La pasividad del Gobierno regional está dando alas, por tanto, a la ocupación de zonas de alto valor ecológico, a vertidos de lodos al río Jarama, a la destrucción del bosque de ribera, todo ello en un espacio protegido.

Esta situación resulta más grave si cabe dado el retraso que acumula la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional, un documento que debe regular los usos de este espacio protegido y que debería haberse aprobado ¡hace nueva años!

La Plataforma Salvemos el Henares, las asociaciones ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo instan a la Consejería de Medio Ambiente a que ordene el cese de actividad de estas explotaciones y solicitan para ello que incluya en los presupuestos de la Comunidad de Madrid partidas para sufragar los gastos de eliminación o traslado de las mismas. En caso de que el Gobierno regional no adopte estas medidas -advierten- tomarán las medidas legales oportunas.