En la mañana del 17 de septiembre 2013, Amparo C.A., de 45 años y vecina del barrio de Carabanchel, que vivía de alquiler en un piso de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) se quitaba la vida, el mismo día que recibía la rescisión de su contrato por una deuda de 900€. No es un caso aislado. Para vergüenza de toda la sociedad, hay muchos más ejemplos de personas que no han soportado un inminente desahucio, con todo lo que conlleva, y se han quitado la vida.

En medio de semejante emergencia social, el Gobierno regional y numerosos ayuntamientos de la región, en vez de proteger a los colectivos más vulnerables, en riesgo de quedarse literalmente en la calle, vendiendo parte de su parque de vivienda pública a empresas privadas sin escrúpulos y ‘Fondos Buitre’.

En agosto, el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA), adjudicó a las empresas Goldman Sachs y Azora 2.935 pisos de protección oficial por 201,2 millones de euros. La Comunidad de Madrid organizó por esas fechas una visita en autobús a las viviendas protegidas en Parla en la que participaron 15 de estos fondos.

Tras la venta de casi 3.000 viviendas, el Gobierno regional pretende ahora vender otros 1.500 inmuebles públicos y sociales situados en municipios como Madrid, Navalcarnero, Alcalá de Henares, Móstoles y Leganés. Las viviendas públicas del IVIMA del barrio Arroyo Culebro, de este último municipio, serán vendidas con evidente ánimo de lucro a entidades privadas como las citadas.

Por su parte, el 24 de junio, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) anunció que había vendido a Blackstone,fondo alemán asociado con el español Magic Real Estate, 1.860 viviendas. Blackstone tiene que mantener el alquiler social,aunque lo previsible, sostienen los inquilinos afectados, es que apriete las tuercas a quienes no pagan o se demoran en el alquiler. Además el verdadero negocio estará cuando en unos años venzan los alquileres y esas casas pasen a ser viviendas libres, sostienen.

Tal y como anunciarán mañana, jueves 6 de noviembre, en rueda de prensa, los vecinos y vecinas afectadas por estas ventas se han puesto en marcha para tratar de paralizar este proceso privatizador. Esta semana, a instancias de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) decenas de ciudadanos afectados han presentado un recurso contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid con este objetivo. El recurso incluye la solicitud de medidas cautelares para suspender el proceso de enajenación de las viviendas públicas hasta que se resuelva el caso en los juzgados.

Las acciones legales irán acompañadas de movilizaciones en la calle. En este marco, y con el lema “Derecho a vivienda para tod@s. Fuera fondos buitre. Contra la estafa financiera”, los tres colectivos citados convocan a una manifestación que saldrá el próximo sábado, 9 de noviembre, a las 18h de la puerta de la EMVS, ante el número 13 de la calle Palos de la Frontera de Madrid. La FRAVM ha realizado un llamamiento a todas sus asociaciones federadas y, por extensión, a la ciudadanía madrileña, a secundar la marcha. ¡Junt*s podemos!