El incremento, en un 22%, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) aprobado para este año por el Ayuntamiento de Majadahonda ha provocado una agria polémica. “El propietario de una vivienda media que en el año 2007 pagaba un recibo de 400 euros, pagará este año 850 euros”, explica la AV Majadahonda. El descontento, sin embargo, no responde sólo al desembolso económico al que habrán de hacer frente las vecinas y vecinos de la localidad, sino a la gestión del dinero recaudado. “Con los 2.114.000 euros de superávit que el Ayuntamiento acumuló en 2009 podrían haber reducido el IBI de este año” o “renegociar el astronómico precio del alquiler anual de instalaciones municipales privatizadas, como el campo de entrenamiento del Atlético de Madrid, el Gimnasio Físico, el Campo de Golf, la pista de hielo, la residencia de Mayores Valle de la Oliva…”. Lejos de hacerlo o de “crear o mejorar servicios municipales como las escuelas infantiles, la Casa de la Cultura, los centros y residencias de mayores, centros juveniles, la oficina de empleo, los centros deportivos…”, los responsables municipales han optado por “amortizar una deuda de 33 millones de euros”.
Tampoco convence a la asociación vecinal el destino de los 136 millones de euros obtenidos de la venta de parcelas municipales que han ido a parar, entre otras actuaciones, a “ampliar la Gran Vía y a remodelar el Bulevar Cervantes sin un plan conocido de movilidad”, a remodelar la plaza de la Constitución “expropiando parcelas que nos cuestan 13 millones de euros y derribando un colegio público en pleno funcionamiento”. “¿Cómo se evalúa el coste de perder un centro educativo?”, se preguntan. Suman a las mencionadas actuaciones una remodelación integral del casco histórico que carece, aseguran, de la mínima planificación y no ha contado con participación de vecinos y comerciantes. Todo ello responde, a juicio de la entidad, a dar brillo y esplendor a la localidad de cara a las próximas elecciones municipales “sin reparar en gastos y sin considerar la construcción de un modelo de ciudad sostenible”, motivo por el cual convocaron una concentración que, el pasado sábado 27 de febrero, congregó a trescientas personas.
Acompañaron a las vecinas y vecinos representantes de los Comerciantes Ambulantes en Mercadillos, cuya organización reclama a la Comunidad de Madrid que no se imponga la necesidad de renovar las licencias de los puestos de los vendedores cada dos años y que ya ha registrado 45.000 firmas a la Comunidad de Madrid. La presidenta de la organización aseguró durante la concentración que ‘las obras en Majadahonda están perjudicando al tan conocido mercadillo del municipio’, por lo que han sumado sus esfuerzos a los de la asociación vecinal para reclamar al Ayuntamiento que la programación de las actuaciones municipales responda a las verdaderas necesidades de quienes viven y trabajan en la localidad.
