Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Daniel Izuzquiza, coordinador de Pueblos Unidos; Daouda Thiam, portavoz de la Asociación de Sin papeles de Madrid y el Ferrocarril Clandestino; Nacho Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y José Miguel Sánchez Tomás, letrado del Tribunal Constitucional pusieron voz esta mañana a una petición que 140 organizaciones han dirigido al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que ponga fin a las prácticas ilegales en los controles de identidad y detenciones de personas inmigrantes.
Las organizaciones firmantes recordaron que el pasado año se realizaron 445.000 identificaciones a extranjeros en toda España, a las que hay que sumar las numerosas detenciones policiales de inmigrantes realizadas “al margen de la legalidad”. La práctica de tales conductas se confirma en la circular 1/2010, de 25 de enero, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en la que se conmina a los agentes de la Policía Nacional a conducir a comisaría a inmigrantes que, a pesar de estar debidamente documentados, no acreditan su estancia regular en España.
Daouda Thiam explicó que él, al igual que miles de inmigrantes, vinieron a España para ‘buscarse la vida’ con el único objeto de “trabajar y vivir con tranquilidad y dignidad’. Sin embargo, ha señalado, son sometidos a controles de identificación realizados de forma selectiva en el Metro, en locutorios, en los lugares donde se reúnen… “Nos llevan a comisaría y pasados unos meses nos vuelven a identificar. Nos persiguen en las calles, nos sacan de los locutorios cuando estamos hablando con la familia y nos piden la documentación en los lugares donde nos reunimos’, indicó. ‘España es nuestro país. Estamos intentando hablar castellano e integrarnos, pero no nos dejan’, lamentó.
Esta práctica, sentenció J.M. Sánchez, letrado del Tribunal Constitucional, es “absolutamente ilegal”. La Policía, indicó, sólo puede establecer controles de identidad “cuando existan indicios de la comisión de un delito”. Tampoco se puede llevar a comisaría a las personas documentadas “aun cuando no puedan acreditar su estancia regular en España salvo que existan indicios de la comisión de un delito”. A este respecto, subrayó que “la estancia irregular en un país es una mera falta administrativa”.
Tampoco la Ley de Extranjería permite la detención cautelar de una persona “salvo que se realice en el marco de un procedimiento sancionador ya incoado y siempre y cuando lo ordene el instructor”; salvo que “el inmigrante entre en un país por zonas no habilitadas” o “sea objeto de una orden de retorno”. Sin embargo, ninguno de estos supuestos legales concurren en la mayoría de las prácticas policiales denunciadas por las organizaciones.
Todo ello, señaló Nacho Murgui, presidente de la FRAVM, constituye un “atropello y un recorte de los derechos fundamentales, no sólo de las personas migrantes, sino del conjunto de la población. Un atropello que nos atemoriza a todas y a todos. Que nos avergüenza a todas y a todos”. “Hemos pedido -por tanto- al ministro de Interior que comparezca públicamente dando instrucciones claras a la policía para que los controles de identidad y las detenciones ilegales cesen de inmediato”. “Las organizaciones aquí representadas -añadió- nos estamos comprometiendo públicamente a levantar el velo del silencio sobre estas prácticas” y a hacer un seguimiento al objeto de que la queja cursada y remitida tanto al Ministerio del Interior como al Defensor del Pueblo obtenga la respuesta requerida. “De lo contrario -advirtió- realizaremos las denuncias oportunas de todas y cada una de las prácticas ilegales que provengan de la administración pública”.
