El pasado 6 de junio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó los datos oficiales de ejecuciones hipotecarias y desahucios del primer trimestre de 2011. Las cifras hablan por sí solas: el número de familias que perdió su vivienda por procedimientos de desahucio marcó un récord histórico al elevarse a 15.491, un 36,3% más que en el mismo período del año anterior. En cambio, entre enero y junio los juzgados españoles tramitaron 21.787 ejecuciones hipotecarias, un 21,1% menos que en el mismo periodo de 2010.

Detrás de todos estos datos se encuentran personas y familias enteras. La pérdida de la vivienda supone la vulneración de uno de los derechos más elementales en un estado democrático, un Estado que, a tenor de la PAH-Madrid, no debe tolerar que miles de personas sean desahuciadas mientras existen millones de pisos vacíos en todo el país que, por este hecho, no cumplen con su función social.

La PAH-Madrid, que no está dispuesta a que más familias se queden en la calle por no poder afrontar su hipoteca, exige a la Administración que defienda en primer lugar los intereses de los ciudadanos y no de las entidades financieras. Para ello, reclama que cumpla con el artículo 47 de la Constitución Española, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en virtud del cual el Estado está obligado a hacer todo lo posible para impedir los desalojos forzados por motivos económicos. Y en caso de no evitarlos, debe velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias.

Ante el caso omiso de los poderes públicos, la ciudadanía madrileña ha decidido pasar a la acción y unirse para hacer frente a los desahucios de vivienda. Mañana, con el apoyo de la Acampada Sol del Movimiento 15-M, el colectivo Democracia Real Ya! y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), en la primera acción de estas características en la ciudad, tratará de evitar que un matrimonio y su hija de 15 años se queden sin casa, con una deuda de por vida y sean empujados a la exclusión social.